A mi juicio, en la actualidad, y quizás desde hace casi medio siglo, uno de los dilemas más complejos relativos a los procesos de urbanización tiene que ver justamente con la conveniencia (o no) de permitir la expansión territorial de las ciudades o mejor apostar por la redensificación de la parte céntrica ya construida. Como en cualquier decisión humana, se valoran ventajas y desventajas, virtudes y defectos de cada una. Aquí me permitiré, de manera general, esbozar algunas de ellas.

En lo que concierne a la expansión urbana, si bien fue una consecuencia obvia de las importantes migraciones campo-ciudad que caracterizaron a las ciudades industriales desde finales del siglo XIX, llegó el momento, en el último tercio del siglo XX, que se notó que cualquier ciudad que crece indefinidamente comienza a acarrear importantes déficits y costos. En primera instancia están los relacionados con el equipamiento urbano y los servicios.

 

En una ciudad extensa, por las dimensiones, es más costoso asfaltar, iluminar, dotar de parques, transportes, escuelas, hospitales, centros deportivos, además de los traslados, que, junto con los gastos en dinero, implican también mayores gastos en tiempo. Por otro lado, mucho del crecimiento de las ciudades se ha hecho a costa de territorios anteriormente rurales que pierden su vocación agrícola para integrarse a la mancha urbana. Además, en términos de gobernanza, es mucho más difícil establecer parámetros de gobierno metropolitano, considerando que una ciudad extendida abarca municipios aledaños con autoridades, con potestades propias. En una zona metropolitana no siempre hay objetivos comunes entre los gobiernos municipales en turno y actualmente la Federación, más allá de caminos y puentes o infraestructura en general; no tiene mucha injerencia. 

 

 

Actualmente, poco se habla de las virtudes de las ciudades extensas, pero no veo una capital o una ciudad de escala global que no sea una metrópoli dispersa. París, Nueva York, Berlín, Tokio, Bombay, Shangai, Ciudad de México, Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo. En su momento estas monstruosas urbes fueron vistas como el paradigma de la modernidad. En un espacio relativamente abarcable se concentraba una economía de escala, con industria, servicios y mercados laborales competitivos. Poco a poco la gente, incluso la que llegaba habitar a espacios insalubres con nula dotación de servicios, logró, en términos generales, mejorar sus condiciones de vida. En las zonas metropolitanas era más fácil tener acceso a educación, salud y vivienda que en las zonas rurales. También las megalópolis favorecieron formas diversas de habitar la ciudad, estilos de vida distintos, unos de los cuales implica el vivir más cerca de la naturaleza, o bien, vivir en los propios pueblos que la ciudad integra a su urbanización, con acceso a todo lo que un pequeño centro de población puede ofrecer. Irremediablemente hubo un cambio de paradigma y mucho tuvo que ver el efecto de saturación, no sólo de personas, también de vehículos y, por ende, el impacto ambiental que se genera a partir de ello. Fue entonces que se empezaron a valorar las consecuencias funestas de ciudades tan extensas, caras y contaminadas.

 

 

Desde hace algún tiempo se ha comenzado a fomentar un diktat*, en el que mucho tienen que ver organismos multilaterales, que sólo mira ventajas en la densificación de las ciudades centrales. Se propone como una panacea que resolvería los problemas de una ciudad dispersa (varios de ellos arriba mencionados). Si bien es de suma relevancia evitar los intersticios dentro de una ciudad, por ejemplo, cobrando impuestos elevados a los terrenos baldíos; el hecho de imponer un modelo de ciudad no garantiza mejorar la calidad de vida de las personas que la habitan. Al respecto se podría referir la especulación y la escalada de precios en el inmobiliario y en los impuestos prediales que esto genera, con la consecuente expulsión de población de bajos recursos de las zonas céntricas (proceso correlativo a la gentrificación). Por otro lado, muchas partes de los centros de las ciudades están en un marcado proceso de deterioro, por ser espacios construidos en tiempos remotos y su remozamiento es también en extremo costoso, sin dejar de lado que mucho del patrimonio construido está sujeto a una normativa complicada para mantener su valor histórico arquitectural.

Asimismo, la diversidad de las zonas céntricas y su vocación (de esparcimiento, comercial o de vivienda), en ocasiones genera disputas por el espacio y por su uso o formas de apropiación (pensemos en el asunto del ruido en el Centro de Mérida). Además, hay muchas ciudades que no cuentan con vialidades adecuadas para el parque vehicular que circula por las zonas céntricas, lo que genera más embudos de tráfico, y lo qué es peor, tampoco cuentan con un transporte público o las ciclovías necesarias para resolver el problema de la movilidad, pese a que se supone, todo se encuentra a proximidad. Poner como ejemplo a Copenhague o a Amsterdam no resuelve nada, ya que no es del todo atinado por las diferencias abismales que aún marcan nuestros usos y costumbres para habitar el espacio urbano con los de los habitantes de aquellas ciudades.

 

 

En todos los casos, tanto si se consideran polos opuestos o si se piensa que se pueden encontrar posturas intermedias (que no apuesten únicamente a concentrar o a dispersar), la solución del dilema de la urbanización pasa ineludiblemente por la planificación. Y en estos menesteres, ningún interés privado puede prevalecer sobre el interés público. Ni los objetivos de los propietarios individuales, ni los de los constructores pueden ponerse por encima de un marco regulatorio que debe elaborarse conforme al signo de los tiempos. Los propietarios individuales aprovechan la falta de institucionalidad para actuar al margen de los reglamentos, los constructores incluso, gracias al poder financiero que los caracteriza; tienen despachos de abogados (y demás consultores) con la suficiente astucia para conseguir amparos o utilizar otras argucias que permitan actuar contraviniendo el espíritu del marco jurídico vigente. Una última reflexión general: las leyes y los planes tampoco son inmutables. Fueron hechos en un momento específico y con algunos objetivos determinados. Por ejemplo, antes no se consideraba la variable ambiental, ahora es inevitable. En las actuales circunstancias, cualquier esfuerzo por hacer ciudad debe partir de ciertos consensos, pero sin renunciar a la rectoría del Estado, en sus distintos órdenes de gobierno; quien está obligado a garantizar la sustentabilidad urbana, y por ende, la calidad de vida de los habitantes, sin pensar en la inmediatez de la ganancia, sino con miras al largo plazo.

 

*Reglas o estatutos de potencias extranjeras

 

 

Ricardo López Santillán

Ricardo López Santillán

Licenciado en Sociología por la UNAM. Maestro y Doctor en Sociología por la Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III. Investigador titular en el CEPHCIS UNAM en Mérida.

E-mail: lopezsantillan@cephcis.unam.mx

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