La planificación urbana se ha visto reducida y simplificada a un juego de poderes en que las armas a utilizar se limitan a una serie de códigos. Urbanismo de abogados que olvida que detrás de cada norma se esconden valores como sociedad.

Arq. Rodrigo Díaz (Santiago de Chile)

 

Desde el primer programa de desarrollo urbano (PDU) de Mérida que yo recuerdo –de hace 40 años– se planteaba mejorar la calidad de vida de los habitantes; se determinaban límites de crecimiento (ciudad compacta) con un esquema (policéntrico) formado por subcentros urbanos que se articulaban mediante una red vial cuya jerarquía estaba en relación a sus características de origen-destino y de uso. Estos subcentros se planteaban distribuidos dentro de la mancha urbana con usos mixtos, los cuales, generarían recorridos cortos de las personas hacia los equipamientos, servicios y fuentes de empleo. También se consideraban los temas ambientales, económicos y sociales aunque aún no estaban de moda conceptos como “movilidad”, “sustentabilidad” o “resiliencia”.

Mucho de lo anterior y, otros elementos de planeación considerados en el nivel estratégico, se han mantenido en la mayoría de los siguientes PDU’S, incluyendo el actual, y son temas frecuentes en cursos y congresos académicos, institucionales, políticos y empresariales; así como en los consejos de desarrollo urbano y organismos de planeación de las ciudades. Por otra parte, estos aspectos han demostrado sus beneficios en diversas latitudes del mundo, que se presentan repetidamente como ejemplos de éxito y buenas prácticas en foros y publicaciones nacionales y extranjeras.

¿Cuál es la razón de que en general en México y en particular en nuestra ciudad de Mérida, después de tantos años, los resultados sean totalmente contrarios a los objetivos de planeación urbana planteados?

La respuesta más usada y que he escuchado durante más de treinta años de ejercicio profesional es que nuestras leyes y normatividad federal, estatal y municipal no están “alineadas”, lo cual es verdad y se reconoce en muchos foros. La falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno y sus dependencias ha hecho que cada vez que se modifica alguna norma con el objetivo de “alinearla” se realice con enfoques particulares, visiones burocráticas y administrativas que resultan en documentos políticos para “tomarse la foto”, por lo que la norma queda nuevamente desarticulada y con resultados tal vez peores que la original. Por otro lado y, como se reconoce en la exposición de motivos para la nueva Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LAHOTDU), el tema de las atribuciones y responsabilidades es muy importante y ha impactado negativamente en dos vertientes:

En primer lugar, respecto a las atribuciones de cada dependencia relacionada con el tema del desarrollo urbano en los tres niveles de gobierno.

 

Por lo visto estas no quedan claras o no se respetan, lo cual convierte el tema de la gestión en una maraña laberíntica de “tramitología” ante infinidad de dependencias, cuando la mayoría de estas asignaciones deberían estar aterrizadas y validadas en los PDU’S y demás normativas municipales. El aumento constante de factibilidades, dictámenes, resolutivos, autorizaciones, los costos por pago de derechos de esta tramitología y los tiempos indefinibles que estos llevan (y muchos etcéteras más), frenan las inversiones y afectan a los ciudadanos y a las empresas formales, mientras que por otro lado permiten –por falta de vigilancia y aplicación de sanciones– que sigan proliferando muchas ofertas inmobiliarias irregulares –dispersas fuera de la mancha urbana– que se han brincado todas las trancas y que no cuentan con la urbanización mínima que marca la ley, llegando al extremo de “lotes de inversión”; los cuales no son más que fraccionamientos irregulares, pedacitos de tierra en breña en medio de la nada, que, como burbuja especulativa, tarde o temprano reventarán afectando a los compradores de buena fe.

En segundo lugar, ha impactado en las responsabilidades que le corresponden al Estado por medio de la eficiente aplicación de los recursos públicos y que claramente están definidas en nuestra carta magna. Se han ido deslindando progresivamente en leyes, programas, normas y reglamentos que obligan a que sean los ciudadanos particulares o inversionistas de cualquier sector los que paguen o realicen obras de infraestructura primaria que le corresponden a las autoridades (sistemas de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, troncales eléctricas, sistemas de video-vigilancia, equipamientos, etc.), encareciendo las ofertas finales y convirtiéndose en una doble tributación.

 

Por lo anterior, se vuelve fácil entender que la planeación urbana y territorial ha fracasado por estar enfocada en la regulación y control del espacio edificable (particular) en lugar del espacio público (de todos) que incluye las redes viales e infraestructura; y es ahí, en donde se deben aplicar nuestros impuestos. Esta visión reconocida en la LAHOTDU ha permitido que el desarrollo de las ciudades dependa principalmente de la economía de mercado. Por otra parte, la pérdida constante de la rectoría del estado en la gestión territorial y urbana así como el olvido respecto a la importancia del espacio público ha sumado significativamente a la segregación y la expansión desmedida de nuestra ciudad.

En los últimos años y a partir de la creación del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), por primera vez se cuenta en Mérida con un organismo enfocado en el tema urbano de manera específica y con personal técnico especializado y multidisciplinario; el cual, ha generado ya documentos muy valiosos en el tema del espacio público y de la movilidad (entre otros), realizando como tarea principal el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida, que no sólo reconoce –al igual que los PDU’S anteriores– el problema de la expansión, sino que propone en su zonificación primaria un primer intento de control de la misma, lo cual ya representa un cambio de rumbo positivo. Sin embargo, al ser un PDU municipal y no de centro de población, adolece de una clara zonificación secundaria y, nuevamente, plantea muchos elementos contradictorios entre el nivel estratégico y el normativo, pues mantiene algunos paradigmas que aún no se han podido superar, principalmente con respecto a la densificación y a los usos de suelo mixtos. A pesar de todo, es de esperarse que acorde al comportamiento dinámico de la ciudad y la madurez cívica de sus habitantes, este se vaya corrigiendo, perfeccionando y enriqueciendo, con la esperanza de que se convierta en un verdadero instrumento que obligue, tanto a los particulares como a las entidades públicas, dentro de las responsabilidades y competencias que a cada quien correspondan, a seguir el mismo rumbo marcado por el PDU, dirigido a conformar una ciudad que verdaderamente ofrezca una mejor calidad de vida para sus habitantes.

La falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno y sus dependencias, los enfoques particulares, visiones burocráticas y administrativas, resultan en documentos para “tomarse la foto”, por lo que la norma queda nuevamente desarticulada y con resultados tal vez peores que la original”.

 

 

 

Ricardo A. Combaluzier Medina

Ricardo A. Combaluzier Medina

Director General de Construcasa.

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