
Como parte de este impulso, en 2016 se implementó el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) de Mérida, mismo que se aprobó en el año 2019. El documento elaborado por el IMPLAN, expone las principales problemáticas del municipio tales como: 1) las administraciones públicas se han orientado a facilitar el tránsito vehicular, y particularmente el vehículo privado, con escasas inversiones en infraestructura para la movilidad de las personas; 2) el transporte público tiene una organización centralizada y con ausencia de interconexiones, en donde el centro histórico es una gran área de transbordo; 3) escasas vías ciclistas; 4) el mal estado de las sendas peatonales; 5) el incremento del nivel de contaminación atmosférica y auditiva; y 6) falta de actualización y alineación a la normativa de movilidad.
Pensamos que la elaboración del PIMUS nos llevaría a la implementación de un Programa de intervenciones con miras a mejorar las formas de movilidad, y que establecería prioridades en las acciones públicas. Una de las demandas principales de la población es la mejora del transporte público, cuyas deficiencias son sufridas diariamente por la mitad de la población de Mérida, la que carece de automóvil propio. La solución a esta problemática ha sido una promesa de campaña de los últimos candidatos a presidentes municipales de Mérida y de gobernadores del estado de Yucatán. “Demanda histórica”, le llamó el actual gobernador.
Sin embargo, la intervención del Gobierno del Estado (que sustenta la organización del transporte público en el municipio de Mérida y que otorga las concesiones) para paliar las deficiencias del transporte, implica una reestructuración de las concesiones. Reforma que conlleva a afectar los intereses de una decena de concesionarios del transporte público que operan en Mérida desde hace casi medio siglo. Empresarios camioneros que han hecho antiguas y sólidas alianzas políticas, que han resultado de suma utilidad, sobre todo en tiempos de campaña, a los dos partidos que han gobernado la entidad y la capital. Costo político que nuestros gobiernos no han estado dispuestos a pagar.
El circuito Va y Ven
El gobierno actual, lejos de apegarse a las directrices presentadas en el PIMUS e intervenir en los principales problemas de movilidad, optó por una vía alterna la implementación del circuito Va y ven en el periférico de Mérida. Este circuito, sin duda, resulta en una significativa mejora en la movilidad y de beneficio a un sector importante de usuarios del transporte público, pero que es un sector minoritario en comparación con la población que utiliza las aproximadamente 168 rutas que convergen en el centro histórico, con unidades y organización obsoletas.
Las obras de infraestructura que se requieren para la operación del sistema integral de transporte Ruta Periférico Va y ven consta de 69 paraderos, 9 bahías, 5 puentes peatonales fijos y 3 móviles, 44 pozos, 5 km de calles laterales, así como 65 pasos peatonales y andadores. Infraestructura que incluyó 16 contratos de obra por un monto global de más de 109 millones de pesos, monto del crédito que el Gobierno recibió de BANOBRAS.
Por otro lado, los autobuses que se utilizan en la nueva ruta son 20 unidades, que fueron adquiridas con recursos privados y tuvieron un “costo aproximado” de cuatro millones cada uno, lo que significa una inversión de 80 millones de pesos. De acuerdo al gobernador Mauricio Vila, es una inversión privada y, por lo tanto, no hubo licitación en la compra (ni en la operación). Al mismo tiempo que se declara la ausencia de licitación de la compra de autobuses, se informó que “será operada por una razón social integrada por esa empresa (ADO) y también de concesionarios del ramo participantes”. Lo que significa que la “razón social” en el inicio de la operación de la ruta, que supuestamente adquirió los autobuses, no se había constituido formalmente. El 27 de septiembre, el gobernador afirmó en una entrevista para el Diario de Yucatán que dicha empresa “sigue conformando su constitución legal y operativa”.
Nos surgen varias incógnitas: ¿quiénes forman esa razón social?, ¿existe algún convenio entre esta razón social y el Gobierno del Estado de Yucatán, y en qué consiste?, ¿cómo intervienen las instituciones públicas en la operación de esta ruta?, ¿qué parte de la inversión pública en infraestructura (recursos públicos) será subrogada por dicha “razón social” (de la ganancia privada)?
Es preciso poner un alto a la discrecionalidad de nuestras autoridades en el desarrollo de proyectos sexenales que, no obstante que mejoran las condiciones de vida, no representan las necesidades prioritarias y más sentidas de los ciudadanos. Proyectos aislados que no surgen de una planeación integral. Los instrumentos de planeación como el PIMUS tienen que ser observados por nuestras autoridades, a los ciudadanos nos cuesta su elaboración para que, en la práctica, representen poco menos que letra muerta. Por último, es necesario que los recursos públicos se manejen con total transparencia y apegados a la norma, como es el caso de las licitaciones de compra, obra y operación de la ruta.
«Las obras de infraestructura que se requieren para la operación del sistema integral de transporte Ruta Periférico Va y Ven consta de 69 paraderos, 9 bahías, 5 puentes peatonales fijos y 3 móviles, 44 pozos, 5 km de calles laterales, así como 65 pasos peatonales y andadores. Infraestructura que incluyó 16 contratos de obra por un monto global de más de 109 millones de pesos, monto del crédito que el Gobierno recibió de BANOBRAS.»

Susana Pérez Medina
Doctora en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja en el Departamento de Ecología Humana de Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Unidad Mérida.
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