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Habitar mejor, transformar ciudades

Oct 16, 2026 | Artículos, Ciudad Sostenible, Publicaciones

Resumen

El artículo aborda a la vivienda adecuada como un punto de partida para construir hábitats más inclusivos, seguros y capaces de generar bienestar y oportunidades para las personas. A partir de los siete elementos de la vivienda adecuada impulsados por ONU-Habitat, se examina la relación entre vivienda, planificación urbana, equidad territorial y participación ciudadana. Mediante la revisión de experiencias de política habitacional y urbana en México y Guatemala, y experiencias de Operaciones Urbanas Integrales, se identifican mecanismos para trasladar los instrumentos de planificación a transformaciones concretas en el territorio. El artículo muestra la importancia de articular vivienda, suelo, servicios, movilidad, infraestructura y gestión del riesgo, considerando las necesidades diferenciadas de cada territorio. Se concluye que construir hábitats adecuados requiere planificación integral, inversiones territorialmente diferenciadas y una acción coordinada entre gobiernos, especialistas, comunidades y otros actores.

 

Habitar mejor, transformar ciudades

Las ciudades continúan cambiando, y también las condiciones que determinan por qué las personas llegan, permanecen o deben abandonar un territorio. En 2026, la intensificación de fenómenos climáticos y sus efectos asociados se suma a desigualdades persistentes, procesos acelerados de urbanización y nuevas dinámicas de movilidad y desplazamiento, incrementando la presión sobre la vivienda, los servicios, la infraestructura y los sistemas urbanos. Frente a esta realidad, el desafío para los gobiernos nacionales y subnacionales no consiste solamente en ofrecer un lugar donde vivir, sino en construir hábitats adecuados que generen bienestar, seguridad y oportunidades para todas las personas. 

 

Vivienda adecuada: construir hábitat, no solamente casas

La edición 2026 del Día Mundial del Hábitat y el Plan Estratégico 2026–2029 de ONU-Habitat ponen sobre la mesa de discusión y reflexión la vivienda adecuada para todos como una temática central que no es emergente, pero sigue siendo vigente y urgente en América Latina y El Caribe. A partir de esta, se puede transitar hacia la construcción de hábitats capaces de generar bienestar y oportunidades de desarrollo. 

Acceder a una vivienda adecuada significa mucho más que disponer de una estructura física habitable. Implica contar con la seguridad de habitar una vivienda sin temor a desalojos o a perder el hogar de forma arbitraria, así como contar con servicios básicos, materiales e infraestructura que brinden confort y les permitan desarrollarse. También supone contar con espacio suficiente, seguridad y protección frente a riesgos, y tener una configuración que pueda responder a las necesidades de las personas que la habitan, independientemente de su edad, género o condición, e integrar, además, elementos característicos de su identidad y formas de vida. 

Significa también que la vivienda cuenta con una localización segura y bien conectada, desde la cual es posible acceder a empleo, educación, salud, transporte, movilidad y otros servicios y oportunidades sin que ello haya representado costos excesivos para su adquisición inicial ni tiempo o recursos que comprometan la satisfacción de otras necesidades esenciales en el día a día. Es precisamente la articulación de estos siete elementos impulsados por ONU-Habitat, la que permite pasar de proporcionar una vivienda a construir un hábitat adecuado, donde el lugar en el que una persona vive contribuya efectivamente a su bienestar y amplíe sus oportunidades de desarrollo.

 

De la planificación a las transformaciones concretas

Garantizar el acceso a una vivienda adecuada requiere políticas urbanas integrales que articulen vivienda, suelo, ordenamiento territorial, infraestructura, movilidad, servicios, gestión del riesgo y acción climática, evitando que cada sector actúe de manera aislada. El desafío consiste en orientar estas políticas hacia un objetivo común: construir territorios donde las decisiones sobre dónde y cómo crece la ciudad contribuyan a reducir desigualdades, prevenir nuevas condiciones de vulnerabilidad y acercar oportunidades a todas las personas.

México ofrece una lección importante en este sentido. La Política Nacional de Vivienda instrumentada a través del Programa Nacional de Vivienda 2026-2030 representa una evolución importante respecto de políticas anteriores, al reconocer la vivienda como un derecho y no únicamente como un bien de mercado, y al fortalecer su vinculación con el territorio. Este enfoque busca recuperar los aprendizajes acumulados y avanzar hacia soluciones que articulen vivienda, suelo, servicios, infraestructura, movilidad y acceso a oportunidades, así como procurar el acceso a vivienda a las personas en situación de vulnerabilidad.

La experiencia de Ciudad de Guatemala, por su parte, nos muestra como una política urbana puede traducirse en transformaciones concretas. A través del Programa Municipal de Vivienda Prioritaria y Asequible se articulan regulación e incentivos municipales con inversión privada para producir vivienda dentro de la ciudad y próxima a transporte, servicios y oportunidades. Lo que comenzó como una estrategia local, hoy se materializa en proyectos habitacionales: en cuatro años se han gestionado 34 proyectos y más de 4,700 viviendas distribuidas en 12 zonas de la ciudad (Municipalidad de Guatemala, 2026). Experiencias como esta muestran que las políticas urbanas pueden trascender el documento y convertirse en mecanismos concretos para movilizar actores, aprovechar mejor el suelo urbano y acercar vivienda asequible a los lugares donde las personas desarrollan su vida cotidiana.

 

 

Construir hábitats adecuados es una tarea compartida

El crecimiento urbano no es homogéneo. Las decisiones sobre dónde localizar vivienda, infraestructura, servicios y oportunidades pueden reducir desigualdades o profundizarlas. Por ello, la planificación debe anticiparse al crecimiento y orientar la expansión hacia territorios seguros, conectados y con capacidad para recibir nueva población, al mismo tiempo que aprovecha mejor la ciudad existente mediante la consolidación urbana, la regeneración y el mejoramiento de barrios. 

Esto requiere una planificación prospectiva, integrada y basada en evidencia, orientada hacia la equidad territorial y capaz de dirigir inversiones diferenciadas de acuerdo con las necesidades y oportunidades de cada sector de la ciudad. Mientras algunos territorios requerirán inversiones para acercar servicios, equipamientos, movilidad y transporte, otros necesitarán atender déficits acumulados en materia de espacio público, vivienda e infraestructura urbana que limitan el bienestar y las oportunidades de sus habitantes. 

También requiere superar la idea de que planificar es una tarea exclusiva de los funcionarios de gobierno o de especialistas. El conocimiento técnico es indispensable, pero necesita considerar la experiencia de las personas que viven cotidianamente el territorio. La ciudadanía conoce los tiempos de traslado, los lugares percibidos como inseguros, las dificultades para acceder a servicios, los espacios que se inundan y las transformaciones que experimentan los barrios. Ese conocimiento resulta indispensable para construir mejores decisiones públicas.

Este enfoque participativo llevado al territorio se encuentra en las Operaciones Urbanas Integrales, cuya metodología generada por ONU-Habitat (2024), aborda el mejoramiento de barrios a partir de una amplia participación de sus comunidades. Mediante diagnósticos participativos, una visión compartida y la priorización conjunta de intervenciones, las personas contribuyen a definir cómo mejorar la vivienda y su entorno, los servicios, el espacio público, la movilidad y otras condiciones que inciden en su bienestar. 

Así, la construcción de hábitats adecuados deja de pensarse únicamente como una tarea de gobierno y se convierte en una nueva relación entre gobiernos, especialistas y ciudadanía. Una relación donde el conocimiento técnico sustente las decisiones, las instituciones generen las condiciones para implementarlas y las comunidades participen activamente en la definición del futuro de sus territorios. Sólo así la planificación dejará de ser únicamente un documento o una norma y podrá convertirse en una verdadera herramienta de transformación.

 

Referencias

 

 

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María Elena Espinoza Hernández
Especialista en Desarrollo de Programa y Coordinadora Técnica de iniciativas para la Reducción de Riesgo de Desastres en América Latina y El Caribe, ONU-Habitat, Subregión México, Cuba y Centroamérica.