No fue otro meteorito en Chicxulub; fueron décadas de decisiones sobre una costa que se queda sin dunas ni arena

Cada vez que visito la costa yucateca experimento un doble proceso de admiración. Por un lado, me llena el corazón, pero por otro me lo apachurra. Me deleitan los tonos de azul de Sisal, me inspiran los flamingos de Celestún, me tranquiliza el mar de Telchac y me agasajan los sazones de la comida de Progreso. Pero cada vez más, lo confieso, se activa mi visión de “ordenadora territorial”, y paso de la dulzura del paisaje natural, a la pesadez del cambio devastador en el entorno ocasionado por el avance de los desarrollos inmobiliarios. Mi visión técnica mira retiros que no se respetan, alturas que no cuadran, capacidad de carga que nadie calculó y servicios y equipamientos públicos que llegaron tarde, o de plano nunca llegaron.

En las siguientes líneas no quiero únicamente sumarme a la muy válida lamentación y alarma colectiva por la pérdida de las dunas de Chuburná. Espero ofrecer referencias que sustenten esta demanda ciudadana. De los 13 municipios costeros de Yucatán, ninguno cuenta con un Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) propio y, hasta donde documentan los registros públicos del IMDUT, sólo uno (Progreso) cuenta ya con un Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (PMDUOT) vigente.

Ambos programas deberían, en teoría, orientar el crecimiento urbano y territorial a escala local. Su ausencia no es un tecnicismo administrativo: refleja en qué medida hay, o no, voluntad para respetar la norma y, más aún, pone en evidencia quién termina decidiendo y qué intereses prevalecen. ¿Cuál es el costo de la costa? ¿Quién se beneficia? ¿Quién lo paga? ¿Quién padece las consecuencias?

Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, los 13 municipios de la costa yucateca tienen una sola ciudad que ronda los 50 mil habitantes (Progreso), cuatro localidades más en un rango de 3 mil a 10 mil habitantes, y el resto de sus asentamientos, la inmensa mayoría, no llega a los 3 mil. Es decir: prácticamente toda la franja costera sigue teniendo asentamientos pequeños. De los cinco asentamientos que sí cruzan el umbral, cuatro están concentrados en un mismo corredor: el aledaño a Progreso. La excepción es Celestún, y no es casualidad: tiene una reserva de biósfera y un flujo turístico constante.

Ese dato cambia la forma en que vemos el problema. La costa yucateca no es una franja amenazada por el crecimiento natural de su propia gente, es un litoral con pocos residentes permanentes y con mucha presión llegando de afuera. Los que se benefician son quienes traen la inversión turística, o el mercado inmobiliario meridano que se desplaza hacia el mar. Los asentamientos que superaron los 3 mil habitantes no crecieron por dinámica pesquera; lo hicieron por la expansión urbana de Mérida-Progreso.

Mientras eso ocurre arriba, en las construcciones y en la arena hay otra historia: la playa se está yendo. La flora y la fauna termina sucumbiendo ante el cemento y la exigencia de que “la playa bonita tiene sólo arena”. Entre 1980 y 2019, la península perdió en promedio 19 metros de litoral, un proceso documentado por investigadores locales. En las zonas más críticas, la pérdida acumulada llega hasta los 100 metros. En Chicxulub Puerto, la franja de arena al oriente del muelle pasó de 14 metros en 2006 a sólo 4 en 2023, según el investigador del Cinvestav, Jorge Euán.

En Telchac Puerto, las imágenes satelitales muestran, en algunos puntos tierra adentro, retrocesos de hasta 100 metros. En Sisal, de acuerdo con el biólogo Juan Carlos Aguirre Fierro, del colectivo Salvemos las Dunas, se calcula un retroceso de entre 7 y 15 metros en la última década, equivalente a la mitad de la playa que existía hace 10 años.

Ese retroceso no es una fatalidad geológica. El nuevo “meteorito” que arrasa Chicxulub, y que ahora extingue su flora, su fauna y los ecosistemas que les albergaban, es una acción premeditada. Cuando se elimina la duna o el manglar para levantar un condominio, se elimina también la única barrera que amortiguaba el oleaje, antes de que llegara a la cimentación. Cuando se construye un muelle, una marina o un puerto de abrigo sin estudiar cómo se mueve la arena, se interrumpe el flujo natural de sedimentos que alimenta las playas río abajo de la corriente.

Al respecto, especialistas de la UNAM y la UADY han señalado que la ampliación del muelle de Progreso, desde finales de los años ochenta, es una de las causas documentadas de la erosión que hoy golpea la costa norte del estado. El resultado es una franja cada vez más expuesta. Desde 2007, el propio Cinvestav documentó que el 27% de toda la costa yucateca tiene viviendas construidas a menos de 10 metros del mar. Podrá verse bonito, resultar cómodo para dar unos paseos y estar en la playa con arena “limpia”. Lo que no se piensa es que, entre menos barrera natural exista y ésta sea remplazada por más concreto pegado a la arena, más rápido avanzará el mar.

Las proyecciones no ayudan a bajar la ansiedad (al menos la mía): el Cinvestav estima que, para 2035, la línea costera podría retroceder entre 20 y 50 metros más en las zonas más vulnerables, con pérdidas económicas asociadas de entre 800 millones y mil millones de pesos anuales.

Sin embargo, ni los datos, ni los indicadores, ni siquiera lo que ya es visible a simple vista, parecen alarmar lo suficiente y convencer a los involucrados de que este modelo no es viable ni conveniente. Las personas en puestos de gobierno piensan en su periodo, los desarrolladores piensan en su cartera, los turistas piensan en descansar y pasarla bien y los compradores piensan en su retorno de inversión. Ninguno realmente piensa en los efectos que hay detrás de todo esto.

Como en todo lo que toca al territorio, no estamos ante un solo problema, sino ante un sistema de causa y efecto que se retroalimenta. Tenemos la gradual subida del nivel del mar por el derretimiento de los glaciares y polos, pero también está el avance del mar por el desarrollo costero descontrolado. La erosión (esa que vemos avanzar playa tras playa) es más el síntoma visible que la causa raíz. La arena que se pierde es la factura que llega años después de decisiones de planeación, o de ausencia de ellas, tomadas mucho antes: dónde se permite construir, cuánto manglar se sacrifica, cuánta agua se extrae, cuánta energía hace falta o a dónde van los desechos. Preguntas que casi nunca son el punto de partida para decidir dónde construir, qué construir y, sobre todo, respetar los sitios donde no se debería hacerlo.

Es como remodelar la casa de la familia sin que nadie sepa cuántos cuartos va a tener, si el terreno aguanta el peso, si alcanza el presupuesto o, peor, si esos cuartos hacían falta. La diferencia es que aquí, la casa es de todos. Quien firma el contrato de remodelación casi nunca es quien después tiene que vivir con las goteras.

La próxima vez que alguien me pregunte si vale la pena comprar un terreno “al lado de la playa, con todas las amenidades”, como ya me ha pasado más de una vez, no podría responder considerando sólo el precio por metro cuadrado o qué tan cerca está de la playa. Sisal, Celestún, Telchac y Progreso siguen ahí, tan lindas y azules como siempre. La pregunta que me hago cada vez que regreso de la costa no es si seguirán siendo bonitas, sino cuánto deberemos pagar por nuestra idea de lo “bonito”, y quiénes, al final, van a tener que absorber (¿o padecer?) la cuenta.

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