De acuerdo con cifras del INEGI, cada año fallecen en México 16,000 personas involucradas en siniestros viales. Esto significa que, diaria- mente, 44 personas, padres y madres de familia, hijos, hermanas, abuelos, tías, primos, no regresan vivos a casa con los suyos. Se trata de un grave problema de salud pública que hemos sufrido desde al menos hace cuatro décadas, y que cada año se presenta con mayor virulencia.

No obstante los esfuerzos realizados en materia de seguridad vial –como el mejoramiento en la tecnología de los vehículos o la implementación de diversas disposiciones legales–, no ha podido detenerse esta lamentable ola de muertes que afecta especialmente a los países de ingresos bajos y medios, entre los que se encuentra México.

Es en este contexto que, organizaciones ciudadanas en colaboración con legisladores de diversos partidos, lograron luego de más de diez años de activismo la aprobación por unanimidad en diciembre del 2020 de un decreto en el que se reforman diversas disposiciones en materia de movilidad y seguridad vial. En este decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la movilidad fue reconocida por vez primera en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho humano fundamental en el artículo 4° que, a la letra, dice: “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.

El decreto en cuestión estableció en su segundo artículo transitorio: “El Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no excederá de ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial”.

Si bien el plazo estipulado venció el pasado 17 de junio –y parece muy difícil que la legislatura que termina apruebe dicha Ley–, es una gran oportunidad para que en el próximo periodo ordinario de sesiones se apruebe alguna de las no pocas iniciativas que han presentado diputados y senadores de distintos partidos, o bien que se realice el trabajo legislativo para obtener la mejor síntesis posible de las iniciativas presentadas. Es importante contar, sin mayor demora, con la tan ansiada Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Si bien es cierto que las muertes por hechos viales no van a disminuir por decreto o porque se promulgue una nueva Ley, la urgencia de contar con este ordenamiento Federal permitirá sentar las bases jurídicas para iniciar, ahora sí, el trabajo de reglamentación y adaptación en cada una de las Entidades Federativas del país, trabajo que le corresponderá en el caso de Yucatán a la nueva legislatura local.

Yucatán pertenece a la mitad de entidades federativas donde no se ha aprobado una nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial en los últimos años, y por ello la aprobación de dicha Ley reviste, no sólo una mayor importancia, sino también una mayor urgencia.

Una movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad para Yucatán, como establece la Constitución Mexicana, no sólo permitirá salvar vidas, lo cual por sí mismo la hace trascendente, sino que facilitará el crecimiento económico sostenido y sustentable de las zonas urbanas yucatecas al promover en éstas un crecimiento denso, ordenado, con opciones de transporte público y no motorizado de calidad.

“De acuerdo con cifras del INEGI, cada año fallecen en México 16,000 personas involucradas en siniestros viales. Esto significa que, diariamente, 44 personas, padres y madres de familia, hijos, hermanas, abuelos, tías, primos, no regresan vivos a casa con los suyos”.

 

 
Everardo Gómez Flores

Everardo Gómez Flores

Presidente del Colectivo CicloTurixes

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