Por una ley general de seguridad vial

Si bien el plazo estipulado venció el pasado 17 de junio –y parece muy difícil que la legislatura que termina apruebe dicha Ley–, es una gran oportunidad para que en el próximo periodo ordinario de sesiones se apruebe alguna de las no pocas iniciativas que han presentado diputados y senadores de distintos partidos, o bien que se realice el trabajo legislativo para obtener la mejor síntesis posible de las iniciativas presentadas. Es importante contar, sin mayor demora, con la tan ansiada Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Si bien es cierto que las muertes por hechos viales no van a disminuir por decreto o porque se promulgue una nueva Ley, la urgencia de contar con este ordenamiento Federal permitirá sentar las bases jurídicas para iniciar, ahora sí, el trabajo de reglamentación y adaptación en cada una de las Entidades Federativas del país, trabajo que le corresponderá en el caso de Yucatán a la nueva legislatura local.

Yucatán pertenece a la mitad de entidades federativas donde no se ha aprobado una nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial en los últimos años, y por ello la aprobación de dicha Ley reviste, no sólo una mayor importancia, sino también una mayor urgencia.

Una movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad para Yucatán, como establece la Constitución Mexicana, no sólo permitirá salvar vidas, lo cual por sí mismo la hace trascendente, sino que facilitará el crecimiento económico sostenido y sustentable de las zonas urbanas yucatecas al promover en éstas un crecimiento denso, ordenado, con opciones de transporte público y no motorizado de calidad.