A lo largo de la historia de la humanidad, hemos ido acumulando conocimiento suficiente como para enfrentar con éxito buena parte de los grandes desafíos ambientales de nuestro tiempo. Sabemos muy bien cómo reducir emisiones, hacer más eficiente el uso de la energía, disminuir el desperdicio de alimentos, proteger bosques, mejorar edificios, electrificar procesos y transformar nuestros sistemas de transporte. Entonces, ¿por qué rayos avanzamos tan lentamente?
Una reflexión honesta nos conduce a pensar que quizá el principal obstáculo ya no sea la ausencia de soluciones, sino la dificultad para convertirlas en acción. Y aquí, es preciso detenernos a valorar cómo unas cuantas decisiones de política pública pueden llegar a ejercer una influencia profunda sobre una enorme cantidad de factores que determinan si una solución llega, o no, a convertirse en realidad.
El primer desafío por vencer consiste en dejar de confundir las tendencias con la ciencia. La política suele sentirse atraída por la tecnología de moda, por la solución que genera titulares sensacionales o por aquella que parece más fácil de explicar. Pero, enfrentar problemas sistémicos requiere mirar más allá de una tecnología particular y entender cómo interactúan energía, transporte, ciudades, agua, alimentación, industria y comportamiento humano.
Un automóvil eléctrico puede reducir emisiones, por ejemplo, pero una política de movilidad verdaderamente transformadora también debería preguntarse por qué necesitamos recorrer cada vez más kilómetros en automóvil. Crear un sistema de transporte público eficiente, ciudades caminables y mejor planeación urbana quizá sean menos vistosos, pero pueden transformar mucho más profundamente el sistema.
El segundo desafío es entender que obtener un permiso no equivale necesariamente a obtener legitimidad social. Una comunidad puede oponerse a un proyecto de energía renovable aunque éste cumpla todos los requisitos legales. No necesariamente se trata de ignorancia o de rechazo al progreso. Puede haber preocupaciones legítimas sobre territorio, paisaje, empleo, cultura, agua o, simplemente, sobre quién recibirá los beneficios. Las políticas y los proyectos funcionan mejor cuando quienes serán afectados participan en su diseño.
El tercer desafío es quizá el más poderoso: los gobiernos no solamente regulan; también pueden construir mercados. Pueden coordinar instituciones, orientar subsidios, acelerar permisos, desarrollar infraestructura, establecer estándares y utilizar su enorme capacidad de compra para crear demanda de productos y servicios de menor impacto ambiental. El dinero público puede convertirse así en una poderosa señal para movilizar capital privado e innovación.
Esta lección resulta particularmente relevante para México y América Latina. Tenemos recursos naturales, talento, empresarios capaces y tecnologías disponibles. Lo que muchas veces falta es la capacidad institucional para articularlos, con políticas consistentes, coordinación entre dependencias, continuidad más allá de los ciclos políticos, participación social y mecanismos financieros que permitan llevar las soluciones desde el proyecto piloto hasta la escala.
La transición energética y la acción climática no necesitan únicamente más tecnología. Necesitan mejores condiciones para que la tecnología pueda desplegarse. Por eso, quienes diseñan políticas públicas deberían cuestionarse, como norma de criterio para emitirlas, ¿Qué estamos haciendo para que las soluciones que ya existen puedan realmente suceder?
