Todo aquel que tenga que trasladarse en la ciudad de México debe ser consiente del alto costo que deberá pagar por dicha hazaña. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2019) estima un costo de 94 mil millones de pesos anuales en costos de movilidad, siendo las Zona Metropolitana del Valle de México, la de Monterrey, la de Guadalajara y la de Puebla-Tlaxcala las que presentan el mayor costo en congestión vehicular. Esto es un ejemplo palpable de la creciente problemática que viven las zonas metropolitanas en México; y que en lo general parece inversamente proporcional al interés y políticas públicas de los gobiernos.
«El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2019) estima un costo de 94 mil millones de pesos anuales en costos de movilidad, siendo las Zona Metropolitana del Valle de México, la de Monterrey, la de Guadalajara y la de Puebla-Tlaxcala las que presentan el mayor costo en congestión vehicular».
Problemas sin solución
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, el Sistema Urbano Nacional (2018) está integrado por 401 ciudades de 15 mil y más habitantes que se relacionan funcionalmente, 74 zonas metropolitanas, 132 conurbaciones y 195 centros urbanos, donde residen poco menos de tres cuartas partes de la población nacional.
No obstante estas cifras, la realidad que vive la gestión metropolitana no solo es incipiente, sino que a veces parece estar en retroceso y, aspectos como la inseguridad pública, la pérdida de movilidad, el desabasto de servicios públicos, el deterioro de la infraestructura, los altos niveles de contaminación ambiental, la desintegración social, entre otros, parecen no tener solución. Algunos autores como Ignacio Kunz y Gerardo González (2019) han sido enfáticos en señalar que, por encima de los planteamientos teóricos en materia de coordinación y gobernanza, aparecen limitantes de facto que hacen imposible la gobernación metropolitana, pues es difícil alinear los intereses, no sólo de las unidades territoriales, sino también de las agendas políticas de los actores involucrados.
La figura legal de las zonas metropolitanas
Sin lugar a duda, fortalecer la figura legal de las zonas metropolitanas desde nuestra Carta Magna, sería un paso determinante para la gestión metropolitana pues, como lo refieren algunos estudios en la materia, en la actualidad no hay cabida para la conformación de instituciones gubernamentales con jurisdicción y competencia específica de las zonas metropolitanas que les permitan atender sus problemas y requerimientos, tanto en el orden administrativo como judicial.
Si bien la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (2016) reconoció el fenómeno metropolitano, estableciéndose un marco institucional para la planeación, coordinación y gestión con concurrencia de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil, salvo honrosas excepciones los avances han sido casi imperceptibles.
«Fortalecer la figura legal de las zonas metropolitanas desde nuestra Carta Magna, sería un paso determinante para la gestión metropolitana».
Menos recursos presupuestales para las zonas metropolitanas
Los recursos públicos resultan insuficientes para cubrir todas las necesidades de la población. En las zonas metropolitanas esto es aún más evidente y exige una eficiente coordinación entre los agentes involucrados o, mejor aún, contar con un esquema jurídico que permita a los organismos responsables de dichas zonas recaudar y administrar sus propios ingresos. Contrario a ello, y pese a las crecientes necesidades de zonas metropolitanas, los pocos programas presupuestales con incidencia directa en las mismas han ido disminuyendo.
Un ejemplo es el Fondo Metropolitano, el cual surgió como un instrumento de política pública cuyos recursos eran asignados en el contexto de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, con el propósito de desarrollar acciones que contribuyeran a combatir los múltiples problemas que enfrentan las zonas metropolitanas.
El Fondo Metropolitano fue creciendo, pasando de beneficiar en el 2006 únicamente al Valle de México, a beneficiar en el 2011 a 46 zonas metropolitanas y, durante los años 2018 y 2019, los recursos se asignaron mediante un esquema concursable entre las 74 zonas metropolitanas; lamentablemente las autoridades decidieron ponerle fin en el año 2020, lo que constituyó un evidente retroceso, no sólo en la coordinación y gestión metropolitana de incipiente crecimiento, sino también en la atención de los problemas que día a día han rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades.
«El Fondo Metropolitano fue creciendo, pasando de beneficiar en el 2006 únicamente al Valle de México, a beneficiar en el 2011 a 46 zonas metropolitanas y, durante los años 2018 y 2019, los recursos se asignaron mediante un esquema concursable entre las 74 zonas metropolitanas; lamentablemente las autoridades decidieron ponerle fin en el año 2020, lo que constituyó un evidente retroceso».
Los avances más recientes en gestión metropolitana.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en los últimos años ha desarrollado algunas acciones tendientes a la gestión metropolitana, entre ellas la publicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en mayo de 2022, y la instalación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, con el objeto de fomentar la coordinación efectiva entre las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno y establecer las bases de planeación, operación, funcionamiento y evaluación de las políticas en la materia, de carácter nacional, sectorial y regional.
Si bien resulta temprano pretender analizar el impacto de esta ley, no podemos dejar de observar que, en su capítulo sobre Convenios de Coordinación Metropolitanos, se continúa tratando las competencias de manera individual por entidad federativa, con lo que es evidente el riesgo de que los intereses de cada entidad continúen sobreponiéndose a los intereses de las zonas metropolitanas.
Asimismo, en el mes de marzo del 2023, la SEDATU presentó el Programa Metropolitano de Puebla-Tlaxcala ante los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano de la Zona Metropolitana Interestatal Puebla-Tlaxcala, enfatizando la SEDATU que este programa es el primer instrumento de planeación interestatal en la escala metropolitana a nivel nacional, que pretende impulsar acciones en materia ambiental, planeación, legislación y movilidad. Su importancia radica en que dicha zona metropolitana ha sido, en los últimos años, la de mayor expansión a nivel nacional y, contrario a ello, es también el área urbana más rezagada en cuanto a infraestructura de movilidad activa y servicios de transporte público masivo sustentable.
A manera de conclusión
Bajo el contexto actual, si bien es evidente que las zonas metropolitanas seguirán creciendo a un ritmo acelerado a la par de sus problemas, contrario a ello se observa que, salvo honrosas excepciones, los avances en el reconocimiento de la figura legal de las zonas metropolitanas es endeble, pues al día de hoy las adecuaciones al marco jurídico resultan insuficientes, continuándose viendo la gestión metropolitana de manera individual por municipio y/o entidad federativa involucrada, y no por la zona metropolitana en sí, demostrándonos las experiencias pasadas la poca efectividad de este enfoque.
Mtra. Vilma Cristina López Hernández, arquitecta por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Maestra en Desarrollo Regional Sustentable por el Colegio de Puebla y candidata a Doctora en Administración Pública, con más de 20 años de experiencia en el campo de la Inversión Pública.
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Responsable de la sección: Sofía Flores Morales.