Al inicio de cada administración municipal es común escuchar a ciudadanos y políticos solicitando que el Municipio de Mérida asuma nuevamente la regulación de concesiones de rutas de transporte público bajo el argumento de que, por mandato constitucional, es la única autoridad facultada para administrar dicho servicio. Sin embargo, dicha afirmación resulta problemática por dos motivos.

En primera instancia, parte de una interpretación inexacta del Artículo 115 Constitucional ya que el transporte público no figura en la lista de servicios a cargo de los Municipios, sólo se menciona que éstos podrán “intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial”. Por lo que no se trata de una facultad exclusiva de los Municipios. Es de recordar que Mérida forma parte de una zona metropolitana, lo que significa que muchas de las rutas de transporte público operan en más de un municipio, quedando la autoridad municipal rebasada en sus atribuciones para regular en solitario la totalidad de las concesiones de estas rutas intermunicipales.

Como segundo punto, la regulación de las concesiones no es lo único, ni lo más importante, para resolver las fallas estructurales del transporte público. La asignación de concesiones es tan sólo uno de los tantos componentes para la operación de un sistema de transporte público y suele tener un carácter más político- administrativo que técnico. Varias de las quejas de los usuarios de transporte se derivan de fallas que van más allá de las concesiones.

Pese a no estar involucrado en tema de las concesiones, el Municipio juega un papel determinante en el diseño y operación del sistema de transporte público, a través de diferentes intervenciones, entre las cuales están las siguientes:

a) Asumir nuevamente la responsabilidad para instalar, mantener y rehabilitar los parabuses, procurando que sean funcionales, accesibles y libres de publicidad invasiva y cuyas ubicaciones respondan a criterios urbanísticos y no a criterios de marketing.

b) Habilitar cruces seguros en zonas de transbordo de rutas, mediante la ampliación de banquetas, construcción de pasos de prioridad peatonal e instalación de dispositivos reductores de velocidad.

c) Instalar bici estacionamientos de larga estancia en inmediaciones de paradas de transporte, especialmente en comisarías y accesos a desarrollos inmobiliarios habitacionales de tipo privado ubicados en las periferias de la ciudad.

d) Crear corredores peatonales entre paraderos y grandes equipamientos urbanos.

e) Habilitar carriles preferenciales o exclusivos para el transporte público de pasajeros, ya sea de forma permanente o estableciendo restricciones al tránsito de automóviles durante los horarios de máxima demanda vehicular.

f) Definir una red vial primaria y secundaria que permita disponer de derroteros amplios y directos para futuras líneas troncales de transporte público. Con la definición de esta red vial se le podría establecer a cada desarrollo inmobiliario diferentes condiciones o restricciones en materia de movilidad urbana, por lo que no habría la necesidad de estar alterando el derrotero de las rutas de transporte público.

g) Definir en el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) los lugares para desarrollar subcentros urbanos y polos de desarrollo en diferentes sectores de la ciudad, procurando que sean fáciles de acceder en transporte público y que sirva como condición a cumplir en las autorizaciones de constitución de Desarrollo Inmobiliario.

h) Apostar por fraccionamientos con trazas urbanas que garanticen la máxima permeabilidad urbana y la mayor cantidad de opciones para desplazarse a pie, en bicicleta y autobús dentro y fuera de éstos, así como evitar la presencia de cerradas habitacionales en fraccionamientos públicos.

Varias de las medidas antes descritas, o no se aplican, o presentan deficiencias en su implementación, por lo que requieren revisarse y corregirse. Conviene recordar que desde 2019 Mérida cuenta con un Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), el cual sigue hasta el día de hoy sin llevarse a la práctica.

Así pues, la siguiente administración municipal tiene mucho que aportar para la mejora del sistema de transporte público.

“Mérida forma parte de una zona metropolitana, lo que significa que muchas de las rutas de transporte público operan en más de un municipio, quedando la autoridad municipal rebasada en sus atribuciones para regular en solitario la totalidad de las concesiones de estas rutas intermunicipales”.

 
Eduardo Monsreal Toraya

Eduardo Monsreal Toraya

Directivo del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida

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