Ley Estatal de Movilidad

EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA DE LEY: LA CARENCIA DE ELEMENTOS SUSTANCIALES

Al revisar la iniciativa para expedir la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado presentada por el Gobierno del Estado de fecha 20 de julio de 2022(3), observamos que, de nueva cuenta, no consideraron las correcciones y aportaciones de la sociedad civil emitidas en las diferentes mesas de trabajo y, peor aún, esta versión incurre en un abuso de remisiones a la Ley General.

Para que un instrumento sea utilizable por las autoridades y la ciudadanía, la ley se debe entender por sí misma. No obstante, en la primera parte de la Ley Estatal (donde están los principios, objetivos, y criterios de diseño) casi todos los artículos terminan remitiéndose a la Ley General. En aras de “economizar texto” o “evitar redundancias”, se compromete seriamente la comprensión de la ley estatal, despojándola de elementos sustanciales de la Ley General y abriendo la puerta a conflictos legales posteriores.

Se trata de una propuesta de ley que se enfoca en regular un solo rubro (el sector transporte) y descuida todo lo demás. Temas como la Planeación Urbana, los Sistemas de Información, la Seguridad Vial, la Atención Prehospitalaria y el Medio Ambiente se abordan de forma somera o se terminan remitiendo a la Ley General cuando, en todo caso, se deberían remitir a su reglamento correspondiente o a normas técnicas.

Se minimiza el papel de los municipios en el sistema de movilidad. Sin estar involucrados en el tema de las concesiones, las decisiones que toman los municipios impactan indirectamente en el diseño y operación de los servicios de transporte público, tales como la definición de las trazas urbanas y redes viales primarias, cruciales para el transporte público.

No queda claro el ente gubernamental que asumiría el liderazgo de la planeación, diseño e implementación de las políticas de Seguridad Vial. Se hace referencia a un Comité Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, mismo que no es más que una agrupación de dependencias estatales y que se empalma con las funciones del Consejo Estatal de Tránsito y Vialidad.

La creación de la Agencia de Transporte de Yucatán supone un arma de doble filo, ya que en aras de contar con un organismo público autónomo enfocado en la planeación, diseño y operación del servicio de transporte público de pasajeros, se desprende totalmente del IMDUT y se corre el riesgo de desvincular –otra vez– el transporte público y el desarrollo urbano, tal como ocurría en la pasada administración estatal donde el tema de la movilidad urbana estaba pulverizada en tres instancias gubernamentales completamente diferentes: SEDUMA, COMEY y SGG.

Analizado a partir de la “Guía de Armonización de las leyes estatales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial” desarrollada por la Coalición de Movilidad Segura (CMS), el proyecto de decreto cumple únicamente con 12 de los 57 elementos regulatorios básicos establecidos en la Ley General, lo que supone una calificación de 1.2, considerada reprobatoria(4).

EL FAST TRACK DEL CONGRESO DEL ESTADO

En el Congreso del Estado, la participación ciudadana fue todavía más limitada, ya que la convocatoria para participar en el Foro de Consulta estaba dirigida únicamente a organizaciones legalmente constituidas y tenía un plazo que vencía el mismo día en el que fue publicado (28 de julio)(5). De las contadas asociaciones que fueron admitidas a participar en el foro celebrado el 1 de agosto, a ninguna se le tomaron en cuenta sus observaciones y críticas, ya que la propuesta de ley enviada por el Ejecutivo del Estado fue aprobada en comisiones prácticamente sin cambios, tan solo dos días después(6).

A pesar de los esfuerzos de las organizaciones civiles para posponer su votación al vapor y resolver sus problemas a través de un trabajo colegiado, el Dictamen fue aprobado en el pleno del Congreso de Estado el día 9 de agosto, a menos de 3 semanas de haber sido ingresado en el Congreso. 

CONCLUSIONES

A tan sólo doce semanas de haber entrado en vigor la LGMSV, Yucatán se convirtió en la primera entidad federativa en aprobar una iniciativa para armonizar su legislación estatal con la Ley General. Pero esto, lejos de considerarse un referente a nivel nacional, ha convertido a Yucatán en un ejemplo de lo que no se debe hacer: un proceso opaco, apresurado, excluyente y sistemáticamente omiso a las peticiones ciudadanas, que concluyó en un instrumento con severas carencias que dejarán a la entidad imposibilitada de garantizar el derecho humano a la movilidad segura.

Usando como pretexto el proceso de armonización normativa con la LGMSV, el Gobierno del Estado de Yucatán impuso una reforma excesivamente focalizada en el sector transporte —a la medida de los intereses y proyectos de la administración en turno— ignorando o minimizando los demás temas, lo cual supone una clara contraposición al enfoque sistémico de la Ley General. Lo anterior pone de manifiesto que incluso en los gobiernos locales más amigables con la bicicleta y el transporte público se pueden impulsar legislaciones laxas, incompletas o distorsionadas.

Como sociedad civil debemos permanecer vigilantes y activos para no repetir los errores cometidos en esta reforma legislativa, y exigir procesos más transparentes, legalmente sólidos, sustentados científicamente y con mecanismos de participación ciudadana vinculantes, a fin de contar con instrumentos efectivos que garanticen desplazamientos en condiciones de eficiencia, seguridad, comodidad, inclusión y sostenibilidad.