La seguridad y la inseguridad ciudadana han sido tradicionalmente concebidas como asuntos de orden social; poca atención se ha dado a las condiciones espaciales y ambientales de los lugares donde ocurren los delitos y los actos de violencia contra las personas y los bienes. Esto deriva del enfoque reactivo que tienen los gobiernos ante los fenómenos de inseguridad y delincuencia, que se traducen en “represión legitimada” ejecutada por las fuerzas de seguridad.
Ante el agudizamiento de las condiciones urbanas de inseguridad, destacan los enfoques orientados a poner en valor los modelos de espacialidad de la inseguridad, los cuales la explican y hacen propuestas para prevenirla y enfrentarla desde el urbanismo, la arquitectura y la geografía, principalmente.
Ya sean las metodologías geoespaciales de la “geografía del delito”, o los aportes de pensadoras como Jane Jacobs o arquitectos en seguridad socioespacial como Oscar Newman, Bill Hillier y C. Ray Jeffery, analizados por Paz (2022) [1], a través de sus textos como: “Los ojos de la calle” de Jacobs, “Defensible Space” de Newman, “Sintaxis espacial” de Hillier y Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) de Jeffry, evidencian modelos para prevenir y enfrentar la inseguridad y promover la resiliencia social ante estos fenómenos.
Por ello, asumo que la seguridad y la inseguridad son fenómenos socioespaciales y así deberían ser tratados desde el Estado. El espacio urbano no es sólo el lugar donde ocurren los delitos, sino que tiende a ser incluso la causa de muchos ilícitos; por eso es prioritaria la “espacialidad de la (in)seguridad”. La razón es que prácticamente todos los delitos ocurren en algún espacio físico, con la excepción de delitos cibernéticos. Igualmente crecen delitos como la criminología verde, que atenta contra el ambiente, se agrede a defensores del ambiente y a los “derechos” de la naturaleza (Cedillo y Le Clercq, 2021) [2]. Finalmente, también debe tomarse en cuenta que la forma y la localización física de las infraestructuras, las viviendas, los comercios y los servicios en la ciudad son fundamentales para la “decisión racional del delincuente”. Esta se basa en las oportunidades que ofrece un ambiente urbano deteriorado y carente; es decir, que el espacio sea accesible para delinquir, que tenga posibilidades claras y mayor facilidad de acercamiento, ingreso y retiro o huida del delincuente y, por ello, menor riesgo de ser detenido o violentado por ciudadanos o por las autoridades.
En síntesis, cada vez resulta más claro para la ciudadanía y para las autoridades que los fenómenos de la inseguridad y de la delincuencia se asocian directa y simbióticamente con los espacios donde ocurren los delitos y las agresiones contra personas y/o contra sus bienes. Este reconocimiento debería ser suficiente para transformar las políticas sobre seguridad en las ciudades.
[1] Paz Rau Macarena, 2022. Presidenta de CPTED (CRIME PREVENTION THROUGH ENVIRONMENTAL DESIGN), “La prevención de la inseguridad a través del diseño ambiental”, Seminario: Foros Urbanos Iberoamericanos, FIU – AETU, virtual, 16.03.22.
[2] Cedillo, C. y Le Clercq, J., (2021). Impunidad socio-ambiental y seguridad en México, en: Atlas de la seguridad y defensa de México 2020, CASEDE, UDLAP, Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, CDMX, pp 173-182.
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