El pasado 17 de mayo de 2022, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Derivado de lo anterior, Yucatán es la primera entidad federativa que crea su Ley Estatal, misma que fue autorizada por el Congreso del Estado el 9 de agosto.
Debido a la gran relevancia de esta Ley en la dinámica urbana y social –y también en la vida diaria de las personas–, hemos consultado a la doctora Silvana Forti, directora del Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo (LUM), sus impresiones respecto del proceso de elaboración de la Ley, del cual ella fue parte activa desde sus inicios.
¿PUEDE COMENTARNOS CÓMO FUE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y QUÉ PARTICIPACIÓN TUVO EL LUM EN ESTE PROCESO?
Recibimos una invitación del IMDUT(1) para las mesas de participación ciudadana denominadas “Diálogos de participación hacia una Ley de Movilidad del Estado de Yucatán”, llevada a cabo durante dos días, en mayo. En esas mesas participamos junto con otras cámaras empresariales, organizaciones sociales e instituciones académicas, y se organizaron alrededor de cuatro bloques temáticos: a) la movilidad como un derecho, b) la movilidad desde una perspectiva de sistema, c) cultura de la movilidad y d) movilidad y desarrollo urbano. En cada bloque se analizaron diferentes temas relacionados, y se identificaron problemas, soluciones y acciones específicas.
Unos días después, el IMDUT nos envió sistematizada la información de los aportes y los resultados obtenidos, que mostraban que se habían planteado un total de 58 problemáticas y soluciones. Los rubros que más problemáticas y soluciones tenían eran el de Sistema de Movilidad y Seguridad Vial, Educación para la Movilidad y el de Infraestructura Vial, y el bloque que más problemáticas y soluciones recibió fue el de Movilidad y Desarrollo Urbano. También se presentó una estructura de la Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial.
Días después, el LUM –junto con el OMSM(2)– recibió una invitación para una reunión técnica con el objetivo de revisar la Ley estatal con el equipo jurídico del IMDUT. En dos horas, hicimos una lectura en diagonal de la propuesta de Ley, pues eran más de 80 artículos, y subrayamos el hecho que esa versión no expresaba lo discutido en los talleres, ni tampoco lo que planteaba la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Seguido, nos invitaron a revisar con más tiempo – le dedicamos más de 10 horas en dos sesiones trabajando artículo por artículo–, y se consensuó en integrar la perspectiva de Sistema Seguro para poder fortalecer la seguridad vial. También se otorgó una mayor articulación con la planeación urbana y desarrollo urbano, además quedó más clara la integración de la perspectiva de género, así como una perspectiva pluricultural y los mecanismos para garantizar el acceso universal, entre otras cosas.
Finalmente, respondiendo a la invitación de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación, participamos en la reunión para aportar a la iniciativa de Ley que llegó al H.Congreso del Estado y observamos que se trataba de una propuesta que, una vez más, se alejaba tanto del enunciado de la Ley General como de los resultados de las mesas y de la versión trabajada con el equipo jurídico del IMDUT, y sugerimos que no se aprobara en esas condiciones, dando nuestros argumentos y sugerencias por escrito y de manera oral.
¿QUÉ LECCIONES APRENDIDAS PODEMOS SEÑALAR DE ESTA EXPERIENCIA?
En primer lugar, podríamos decir que mientras la participación ciudadana no sea vinculante o haya mecanismos que aseguren su vincularidad, y sólo sea consultiva cómo típicamente sucede, esa participación queda vulnerable a escenarios de simulación o de una participación que sólo sirve para cumplir con el requisito que actualmente se debe cumplir para, por ejemplo, algunas adaptaciones de leyes.
En segundo lugar, los procesos participativos se espera que sean justamente procesos, y no un acto de reunión de un día o dos donde se discuten temas. Disparar procesos participativos implica una previa difusión, información y preparación de la agenda a discutir, cuidando que se involucre a la mayor diversidad posible de grupos sociales y, sobre todo, a los más vulnerable de nuestra sociedad, como es el caso de las víctimas de la violencia vial o sus familiares, los pueblos indígenas, las diversidades sexuales, etc.
Y tercera lección, esto nos sirve también para reflexionar sobre el hecho de que, como sociedad, necesitamos ser más proactivos, es decir, proponer iniciativas y no sólo reaccionar a invitaciones gubernamentales. Hay temas como la movilidad y seguridad vial que nos conciernen y es responsabilidad de todos y todas, pues en el fondo lo que se está legislando es la garantía y defensa de la vida.
“Como sociedad, necesitamos ser más proactivos, es decir, proponer iniciativas y no sólo reaccionar a invitaciones gubernamentales”. -Silvana Forti
(1) Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial.
(2) Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida.