Creación y Descentralización de la Reserva
Como antecedente, el 28 de junio de 1993 se decretó y se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán la Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Reserva Cuxtal” (REC). Pasaron 11 años sin que tuviera un Pro- grama de Manejo (PM) hasta que, en octubre de 2004, se elaboró el PM y se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 13 años después, a solicitud de la Dirección de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida, se elaboró la Modificación al PM de la REC y en febrero del 2018 aparece publicada en la Gaceta del Municipio de Mérida.
Para descentralizar del Ayuntamiento de Mérida la administración de la REC, el 24 de febrero de 2017 se decreta mediante un Acuerdo la creación del Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal (OPMD) en la GACETA MUNICIPAL, que es Órgano Oficial de publicación del Municipio de Mérida, Yucatán.
Es muy importante saber que en el Acuerdo en el Capítulo II. DEL GOBIERNO INTERIOR, se establece que “La Junta de Gobierno es el máximo órgano interno de gestión estratégica, dirección, administración, vigilancia y representación de “El Organismo Público”, para el cumplimiento de los objetivos de la ZSCE Reserva Cuxtal y del Programa de Manejo o sus modificaciones; a la que compete el establecimiento de las directrices generales para la obtención, aplicación, destino y control del propio patrimonio y del Fondo Municipal Verde, así como de los recursos económicos que se obtengan para su sostenimiento. Además, compete a la Junta de Gobierno, dictar las normas internas de planeación, conducción y evaluación de la gestión y operación de “El Organismo Público” (Pag.43). Por lo anterior, es fundamental que el OPMD se rija bajo los principios de una gobernanza, entendiendo ésta como las prácticas en la acción de gobernar que enfatizan los aspectos que suplen (o, incluso, sustituyen) al poder político, en donde la idea clave es la noción que incorpora a la sociedad civil a la acción de gobierno.
Gobernanza y participación social.
En el ejercicio de la gobernanza hay que fortalecer la relación de involucramiento, colaboración, participación social, toma de decisiones de las personas que viven dentro de la REC, lo cual nos lleva a preguntarnos ¿cómo acercarnos a las comunidades que están dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANPs)? y ¿cómo fomentar la participación social y el empoderamiento comunitario hacia el co-manejo de la REC.? Estas preguntas son un reto para las autoridades competentes en la materia y para el OPMD, quien tiene la responsabilidad de ser el enlace entre las autoridades gubernamentales y no gubernamentales con la población que vive dentro de REC. El camino hacia esta gobernanza es muy lento y con serios obstáculos, como comenta María Paz Salinas en el trabajo “De áreas naturales protegidas y participación: Convergencias y divergencias en la construcción del interés público” en el 2008 el decir qué en las ANPS existe una limitada participación de las comunidades locales en la toma de decisiones y escasas oportunidades referentes a otras alternativas económicas y factores políticos en las ANPs. Un gran reto es cómo resolver, abordar el orden político y cultural que alientan o desalientan el trabajo colaborativo, colectivo e involucramiento en el manejo participativo de las ANPs, así como la construcción de acuerdos cooperativos entre el Estado y las comunidades poseedoras de los recursos y territorios, como es el caso de la REC donde no ha habido una participación social real de la comunidad, ni de representantes de la comunidad en la toma de decisiones, sobre todo el convenio de FONATUR-TREN MAYA-AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.
Convenio Fonatur – Tren Maya – Ayuntamiento de Mérida.
Este convenio, a pesar de las críticas suscitadas, cuenta con una inversión de $278’614,000.00 canalizadas al Fondo Municipal Verde y es una oportunidad para lograr que la sociedad civil, en específico las poblaciones que viven dentro de la REC, sean beneficiadas directamente con actividades socioproductivas, que permitan mejorar su calidad de vida y su economía familiar. Sin embargo, ninguno de los nueve objetivos del Acuerdo está relacionado de manera sustancial y efectiva con fomentar la economía local o apoyar proyectos agroecológicos sustentables. No hay proyectos donde se revaloren las prácticas tradicionales como la meliponicultura, cunicultura, entre otros, por lo que es de esperar que cuando menos en el objetivo cinco, los viveros estén dentro de la REC y que estos sean co-manejados por la comunidad y la dirección de la Reserva. Aunque se pueda argumentar que varias de las actividades que se realizarán serán con el trabajo y mano de obra de mujeres y hombres de las comunidades de la REC, se espera que realmente las comunidades comanejen algunas de las estrategias plantea- das en beneficio de un bienestar común.
A manera de reflexión final, nos preguntamos ¿es posible lograr establecer una gobernanza basada en el diálogo de saberes y víveres de forma horizontal, sincera, honesta y encaminada al bienestar común y a lograr un desarrollo económico, social y cultural de las poblaciones de la REC.?
La sociedad civil se enfrenta a factores inhibidores propiciados por sujetos sociales e instituciones que todavía están inmersos en corrupción, deshonestidad, falta de aplicabilidad equitativa de las leyes, intereses de poder y control social, falta de honorabilidad, entre otros. Estos inhibidores, representan serios obstáculos para fomentar la participación social y empoderamiento de los habitantes de REC. Además, es cierto que el camino hacia el empoderamiento como señala Rowlands (1997) en su trabajo “Empoderamiento y mujeres rurales en Honduras: un modelo para el Desarrollo” implica ganar una voz, tener movilidad y establecer una presencia pública y que, aunque las personas pueden empoderarse a sí mismos al obtener algún control sobre los diferentes aspectos de su diario vivir, el empoderamiento también sugiere la necesidad de obtener algún control sobre las estructuras de poder, o de cambiarlas. Este último paso, es un gran reto ante las estructuras de poder existentes.
En la Reserva Ecológica de Cuxtal, no ha habido una participación social real de la comunidad, ni de representantes de la comunidad en la toma de decisiones, sobre todo el convenio de FONATUR-TREN MAYA-AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.
Wilian de Jesús Aguilar Cordero
Estudió la Licenciatura y Maestría en Ciencias Antropológicas, ambas en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. Doctor en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por El Colegio de la Frontera Sur. Cuenta con perfil PRODEP.
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