Ahora ya nadie cree en nadie y eso se ha vuelto un obstáculo, incluso para el desarrollo de la metrópoli, asegura Manuel Castillo Rendón, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Pese a ello, el especialista afirma que en Yucatán aún prevalece la participación ciudadana en especial cuando se trata del ámbito político. Pues en otros estados “esa actividad se ha llevado al radicalismo”.
Por ello y con el propósito de que los índices de interés de la ciudadanía por los temas de comunidad sigan siendo altos, es que debe ser una prioridad de todos los días la transparencia; que las instituciones públicas rindan cuentas. Sólo de esta forma un gobierno puede respaldar o justificar que se está desempeñando con eficacia, calidad y buena orientación, es decir, que está cumpliendo con la gobernanza.
Pero, de acuerdo con Castillo Rendón, esa rendición de cuentas no sólo debe ser abierta a la ciudadanía, sino que también debe ser vigilada por ellos mismos, en este caso por los meridanos y los yucatecos. En ese sentido, el siguiente objetivo a cumplir que va de la mano es que las organizaciones ciudadanas realmente vigilen las cuentas públicas, porque sólo así se podría regresar a la legitimidad.
“El problema es que nadie cree en nada, ni en nadie. Por eso un buen gobierno tiene que fomentar la participación, la legalidad, la transparencia, la responsabilidad, el consenso de lo que va a tratar; si el gobierno no tiene eso simplemente estamos perdidos”, enfatiza.
De ahí que, para el integrante del citado Comité de Participación, un tercer propósito a cumplir es que tanto ayuntamientos como Gobierno Estatal deben “saber escuchar”, pero escuchar a cualquier segmento o sector de la ciudadanía. En consecuencia, se lograría una verdadera transparencia, pues ésta es la que permite que funcione el diálogo y que en realidad se pueda pensar en un auténtico combate a la corrupción.
“La corrupción en el espacio público se da en contratación de personal, trámites, con los proveedores, licencias, y en servicios públicos; estos son los puntos más álgidos. Por eso es esencial que estos procesos puedan ser lo más abiertos posibles a la ciudadanía”, indica.
Y en este punto es en el que entran también los derechos humanos de quienes habitan en la metrópoli o los que también podrían llamarse derechos urbanos. “Uno de los problemas de la autoridad es que les gusta dar un no y la ciudadanía espera siempre un sí. Por eso es de suma importancia que se fomente y se garantice el diálogo abierto, respetuoso, pero enérgico, entre la ciudadanía y las autoridades, pues es su derecho”, añade.
Y entre ellos igualmente debe contemplarse la accesibilidad universal incluyente, impulsar los códigos de ética en las organizaciones de la sociedad, garantizar el rendimiento de cuentas claras a través de mecanismos tecnológicos sencillos que cualquier usuario pueda consultar, para una real evaluación del Gobierno por parte de la ciudadanía. Finalmente, lo que se busca es “crear espacios de participación efectiva en los que los meridanos y los yucatecos, puedan presentar propuestas. Garantizar la atención a las demandas ciudadanas y el derecho de petición con seguimiento de funcionarios que tengan capacidad de toma de decisiones”, concluye Manuel Castillo Rendón.
