La innovación digital ha cambiado profundamente la manera en que las personas viven, trabajan, hacen negocios y se relacionan con las autoridades. Hoy, las comunidades no sólo se construyen mediante calles, viviendas, comercios y servicios; también funcionan a través de información que circula diariamente en plataformas digitales.
En ese sentido, no es de extrañarse que las operaciones en las que esté involucrada una prestación monetaria pueda generar datos con consecuencias fiscales. Esta realidad resulta particularmente visible en la relación entre los contribuyentes y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Hace algunas décadas, buena parte del cumplimiento de las obligaciones fiscales dependía de documentos impresos, declaraciones presentadas físicamente y notificaciones realizadas en papel. Actualmente, esa relación se desarrolla principalmente mediante herramientas como el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), la firma electrónica avanzada (e.firma), las declaraciones electrónicas y el Buzón Tributario.
El cambio no consiste únicamente en sustituir el papel por una computadora. Implica una transformación jurídica en la que los sistemas electrónicos producen consecuencias legales para ciudadanos, profesionistas y empresas. En este escenario, el Derecho Informático adquiere especial relevancia, pues permite comprender las reglas jurídicas aplicables al uso de la tecnología y, particularmente, los derechos y obligaciones que surgen cuando la relación entre el contribuyente y la autoridad fiscal ocurre en un entorno digital.
De lo físico a lo digital
Pensemos en una situación común: una persona es propietaria de dos departamentos que destina al arrendamiento. Cada mes recibe el pago de sus inquilinos, por lo que emite los comprobantes fiscales correspondientes y presenta sus declaraciones. Aparentemente, su obligación fiscal se limita a calcular correctamente sus impuestos y pagarlos.
Sin embargo, detrás de esas operaciones existe una infraestructura digital mucho más compleja. Los CFDI emitidos generan registros electrónicos; las declaraciones contienen información sobre los ingresos reportados; los pagos realizados dejan constancia en los sistemas institucionales y las comunicaciones de la autoridad pueden efectuarse mediante el Buzón Tributario. Si los ingresos contenidos en los comprobantes fiscales no coinciden con los declarados, la autoridad puede identificar una inconsistencia. Esto puede derivar, dependiendo del caso, en una comunicación, una invitación para aclarar la situación, el ejercicio de facultades de comprobación o coaccionar el correcto actuar.
Es así que cualquier contribuyente, incluyendo arquitectos, constructoras, desarrolladores inmobiliarios, administradores de condominios, comerciantes, profesionistas independientes y prestadores de servicios, todos generan diariamente información susceptible de producir efectos fiscales. Por ello, las ciudades contemporáneas poseen también una dimensión digital. Detrás de muchas actividades económicas existe una huella electrónica que puede ser almacenada, relacionada y analizada por las autoridades.
El Derecho Informático en el cumplimiento cotidiano de las obligaciones fiscales
El Derecho Informático puede entenderse, de manera general, como el conjunto de normas y principios que regulan las consecuencias jurídicas derivadas del uso de las tecnologías de la información. Su importancia en materia fiscal se vuelve evidente cuando prácticamente toda la relación entre el contribuyente y la autoridad utiliza medios electrónicos.
Un CFDI, por ejemplo, no constituye simplemente la representación visual de una factura. Su archivo electrónico contiene información relevante sobre una operación y forma parte de los elementos que pueden utilizarse para verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias.
Algo similar ocurre con la firma electrónica, conocida como “e.firma”. Su utilización permite identificar electrónicamente al contribuyente y realizar trámites con efectos jurídicos, por lo que su resguardo debe recibir una atención semejante o superior, a la que tradicionalmente se otorgaba a una firma autógrafa. Entregar archivos y contraseñas de la e.firma sin controles adecuados puede generar importantes riesgos jurídicos y fiscales.
El Buzón Tributario constituye otro ejemplo significativo. Este medio permite la comunicación electrónica entre la autoridad y los contribuyentes y puede ser utilizado para realizar notificaciones y recibir determinados documentos o comunicaciones. Por ello, ignorar los medios electrónicos de contacto o no revisar oportunamente las comunicaciones fiscales puede tener consecuencias jurídicas.
Así, el cumplimiento fiscal contemporáneo exige algo más que pagar impuestos. También requiere desarrollar una verdadera cultura de prevención digital: conservar adecuadamente CFDI y archivos electrónicos, proteger certificados y contraseñas, verificar periódicamente los medios oficiales de comunicación, mantener actualizados los datos correspondientes y comprobar que la información declarada sea congruente con la documentación que respalda las operaciones realizadas.
La información digital y los derechos de los contribuyentes
Uno de los cambios más importantes de la administración tributaria moderna es la capacidad de utilizar grandes cantidades de información para identificar posibles inconsistencias. La pregunta para el contribuyente, por tanto, ya no es solamente: “¿presenté mi declaración?”. También debe preguntarse: “¿la información que declaré coincide con los comprobantes y documentos que respaldan mis operaciones?”.
Una diferencia no necesariamente significa que exista evasión fiscal. Puede derivar de errores en la emisión de un CFDI, cancelaciones, duplicidades, diferencias temporales, información capturada incorrectamente o circunstancias que requieren una explicación particular. Sin embargo, si el contribuyente desconoce la existencia de la inconsistencia o no conserva los documentos necesarios para explicarla, puede encontrarse en una posición desfavorable frente a la autoridad.
Aquí aparece una de las principales aportaciones del Derecho Informático aplicado a la materia fiscal, que implica comprender que los documentos electrónicos no son simples archivos almacenados en una computadora; son elementos con relevancia jurídica que pueden servir tanto para que la autoridad verifique el cumplimiento de obligaciones como para que el propio contribuyente acredite la realidad de sus operaciones.
La digitalización y la utilización de tecnología no elimina los límites jurídicos que debe observar toda autoridad. Los principios de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación continúan siendo aplicables independientemente de que un acto se genere, tramite o notifique mediante herramientas electrónicas.
Por ello, uno de los grandes desafíos de la fiscalización digital consiste en encontrar un equilibrio entre dos objetivos igualmente importantes: aprovechar la tecnología para facilitar el cumplimiento y combatir conductas ilícitas, sin convertir la automatización en una sustitución de las garantías que protegen al contribuyente frente a los actos de autoridad. El Derecho Informático funciona precisamente como un puente entre ambos mundos. Permite reconocer la validez y utilidad de las herramientas tecnológicas, pero también exige analizar sus consecuencias desde principios jurídicos como el debido proceso, la protección de la información y la seguridad jurídica.
Conclusión
La transformación digital de la administración tributaria ha modificado definitivamente la relación entre ciudadanos, empresas y autoridades. Actualmente, buena parte del cumplimiento fiscal ocurre mediante CFDI, declaraciones electrónicas, e.firma, Buzón Tributario y sistemas capaces de procesar grandes cantidades de información.
Esta realidad adquiere especial relevancia en las ciudades, donde las actividades inmobiliarias, comerciales, profesionales y empresariales generan diariamente información digital con posibles consecuencias tributarias. Cada factura emitida, declaración presentada o comunicación electrónica forma parte de una nueva dimensión jurídica de la actividad económica urbana. En este contexto, conocer el Derecho Fiscal ya no siempre resulta suficiente. También es necesario comprender cómo se genera, conserva, comunica y utiliza la información electrónica que sustenta el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
El Derecho Informático adquiere entonces una función eminentemente práctica: ayuda al contribuyente a prevenir problemas, proteger su información, conservar adecuadamente la evidencia de sus operaciones, comprender las comunicaciones electrónicas de la autoridad y reaccionar oportunamente frente a posibles requerimientos.
La tecnología puede hacer más eficiente la administración pública, pero no sustituye al Derecho. Detrás de cada dato existe una operación; detrás de cada operación puede existir una persona, una empresa o un patrimonio, y detrás de todo acto de autoridad deben permanecer vigentes las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
FUENTES CONSULTADAS
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- Téllez Valdés, J. (2020). Derecho informático (4.a ed.). McGraw- Hill Interamericana.
Alonso Jacob Sánchez Aguiñaga
Lic. en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestro en Educación por la Universidad del Valle de México, así como Coordinador de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Modelo.
Rubén Alejandro Servín Cruz
Estudiante de Derecho con vocación por la defensa de los derechos humanos, perspectiva de género y el interés superior de niños y adolescentes. Mejor Orador durante la Segunda Competencia Interamericana de Debate. Campeón a nivel peninsular y subcampeón internacional en el prestigioso certamen “Sergio García Ramírez” organizado por la UNAM. Participa activamente en los Parlamentos Juveniles a nivel federal.
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