Los procesos productivos extractivistas en los bosques, en la minería y en el agua; el consumo irracional de los recursos naturales y el consumismo propiciado por los medios de comunicación; la urbanización descontrolada, dispersa, segregada e insostenible; y la percepción de las ciudades como mercancías en las que todo se vende —el suelo, el paisaje, los recursos naturales y el ambiente— y en las que la localización se ha convertido en la palabra mágica de la desigualdad socio-espacial; son todas causas fundamentales de lo que podríamos denominar la crisis societal, que tiene en las ciudades un escaparate (casi) ilimitado.
La voracidad de los mercados, la baja responsabilidad social para respetar “lo público” —desde las calles y parques, hasta los transportes y los equipamientos sociales—, aunado a la debilidad de las instituciones públicas en nuestro país, nos están llevando a los límites de la capacidad de carga de la naturaleza y a una crisis en la capacidad social para soportar la creciente desigualdad y pobreza urbanas.
Más allá de lo material, estamos inmersos en una crisis estructural del sistema económico-político y de su premisa fundamental: crecer la economía sin límites, concentrar en cada vez menos individuos y empresas la riqueza generada por toda la sociedad. Se maneja como si el territorio y sus recursos fueran un todo infinito y como si los grupos sociales desposeídos tuvieran paciencia ilimitada.
Conceptual y políticamente, destaca la necesidad de una transformación social-ecológica que ponga por delante los derechos de las personas, los de sus comunidades y los de la naturaleza. Una política de Estado que entienda que se han alcanzado ya los límites, que reconozca las crisis y asuma la responsabilidad de enfrentarlas de manera participativa y corresponsable con la sociedad. Se necesita una visión integrada de la economía y la sociedad con su territorio y sus valores ambientales, con perspectivas a largo plazo y que sea reconocida y soportada por las leyes, en la planeación y en los presupuestos gubernamentales.
Desde la óptica territorial-urbana, implica nuevas reflexiones que asocien los límites de la naturaleza, los de la convivencia, los de la política, los de la eco-eficiencia y los de la tecno-ciencia, con los procesos de urbanización sin límites que caracterizan a nuestras ciudades y metrópolis, reconociendo a “lo urbano” como un objeto de estudio y a las ciudades como sujetos de transformación.
¿Es posible avanzar hacia un acuerdo de Estado-gobierno, sociedad y mercados sustentado en derechos que, además de las respuestas vigentes ante las necesidades sociales, reduzca sensiblemente las brechas en la distribución de la riqueza, amplíe masivamente las oportunidades de empleo decente y el acceso a la educación, a la salud y a un hábitat adecuado en las ciudades y en el campo? A diferencia de otras naciones, México tiene hoy la oportunidad de un cambio: construyamos el acuerdo y pavimentemos el camino para su ejecución.
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