De todos los sistemas con los que interactuamos a diario, el de tránsito es el más complejo y peligroso. Esta frase es una cita textual del Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito (OMS/Banco Mundial, 2004). Esta información es observable y sigue vigente. Los usuarios de las vías están muy expuestos, sobre todo los más vulnerables y vulnerados: los peatones, ciclistas y motociclistas. Los diseños viales no minimizan de manera drástica el riesgo de muerte, y la falta de regulación y controles continuos acentúan en los usuarios una baja percepción del riesgo. Según la Organización Panamericana de la Salud, entre 2009 y 2021 las muertes de motociclistas, peatones y ciclistas pasaron del 39% al 47% del total de víctimas viales en la región.
El miedo en las vías está siempre presente porque la inequidad de género y social aumenta en las zonas suburbanas de América Latina, donde el entorno físico a menudo es muy hostil. Basta circular en automóvil por las carreteras que circundan las urbanizaciones periféricas de las grandes ciudades, como por ejemplo Buenos Aires, para ver el miedo en el cuerpo de las mujeres que caminan al borde de una ruta transitada por vehículos motores mientras llevan de la mano a sus hijos al colegio.
A este miedo cotidiano, se le suma en la Argentina un diseño institucional que impide una política vial coherente en todo el país. La Constitución Nacional es Federal y establece que las provincias conservan todo el poder no delegado en materia de Tránsito y pueden decidir si adherirse o no a la Ley Nacional de Tránsito (1994).
La gestión vial es un rompecabezas federal. Las buenas iniciativas de movilidad segura en el transporte público no logran nacionalizarse a pesar de que aseguran derechos como lo es la accesibilidad universal a la movilidad segura. La movilidad del cuidado no debería recaer sobre las madres, obligadas a viajar con sus hijos en brazos. Desde ACTIVVAS, apoyamos la Resolución 2021-413 del Ministerio de Transporte, impulsada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y publicada en noviembre 2021, que obliga a los colectivos urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional a permitir el traslado seguro de infantes en sus cochecitos desplegados. Las líneas de colectivos que circulan por la ciudad adaptaron un espacio interior, pero las empresas que tienen su terminal en el territorio de los municipios colindantes a la provincia de Buenos Aires, no están obligadas.
En definitiva no hay un único “sistema nacional”. La fragmentación superpone en cada provincia distintos códigos de tránsito y sistemas de scoring propios. El sistema de puntos nacional, pensado para unificarlos, sólo está vigente en 9 de las 24 jurisdicciones del país. Recién ahora se aprobó un código único para identificar cada infracción con el mismo lenguaje de datos, fundamental para consolidar el Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito. La Licencia Nacional de Conducir existe como formato único, pero no hay unicidad plena en la emisión, los vencimientos y los antecedentes.
Este diseño institucional fragmentado también es un factor de inseguridad vial y afecta a los usuarios más vulnerables del país. El derecho a transitar seguros no es igual para todos.
