Detrás de los discursos del progreso verde, los megaproyectos turísticos y las energías limpias, Yucatán vive una silenciosa pero violenta reconfiguración territorial. El agua, la tierra ejidal y los bienes comunes son hoy mercancías en disputa. ¿Qué ocurre cuando el crecimiento urbano y los grandes capitales operan con la complicidad de una gestión que normaliza el despojo?
Acumulación por desposesión
En 2003, el geógrafo David Harvey acuñó un concepto que se volvería imprescindible para entender nuestro presente: la acumulación por desposesión. A diferencia de la acumulación primitiva (basada en la explotación del trabajo), esta opera mediante la privatización de bienes comunes, la financiarización de la naturaleza, el desplazamiento forzado y la captura de territorios bajo promesas de desarrollo. Yucatán, con su aparente calma peninsular, es hoy un laboratorio vivo de esa lógica. Sólo que aquí no ocurre en abstracto: ocurre en las asambleas ejidales manipuladas, en el acuífero que se envenena, en los parques eólicos que no iluminan las casas de quienes los rodean, y en una ciudad que crece como si el suelo no fuese un cuerpo herido. Mucho de este proceso de acumulación por desposesión va acompañado de violencia o criminalización de los defensores del territorio (1), de ahí que preferimos hablar de acumulación por despojo.
La tierra que dejó de ser común
El primer eslabón del despojo yucateco se forjó con la modificación del régimen agrario. Lo que debía proteger a los núcleos ejidales se convirtió, en la práctica, en una puerta giratoria para el rentismo y la compra-venta irregular. Comunidades enteras han denunciado cómo, mediante asambleas poco transparentes y acuerdos de dudosa legalidad, sus tierras de uso común fueron fragmentadas, arrendadas o directamente enajenadas. No se trata de “transacciones voluntarias”: es acaparamiento ejidal con rostro de legalidad simulada (2).
El impacto en la ciudad es directo. La Reserva Ecológica de Cuxtal, uno de los pulmones y fuentes de agua más importantes de Mérida, enfrenta una presión inmobiliaria desordenada. Fraccionamientos cerrados, campos de golf proyectados y vialidades que no respetan los límites de conservación dibujan una urbe que se expande como mancha de aceite, al tiempo que expulsa a quienes históricamente habitaron esos bordes.
Y luego está el Tren Maya. Más allá del relato oficial, en los núcleos agrarios el tren ha significado privatización de tierras y desplazamiento silencioso de comunidades originarias. No siempre hay reubicaciones visibles; a menudo el despojo es paulatino: se cercan accesos, se encarece el suelo, se rompen ciclos agrícolas. El despojo, en estos casos, llega disfrazado de desarrollo.
El agua que se vende mientras se contamina
En la península de Yucatán no hay ríos superficiales. El agua viaja bajo tierra, por un suelo kárstico lleno de fisuras, como una red de venas expuestas. Esa misma vulnerabilidad que hace mágicos los cenotes es también una sentencia: cualquier contaminación en superficie llega al manto freático sin filtro.
Las granjas porcinas a gran escala y los monocultivos intensivos (soya, palma africana, cítricos) han proliferado al amparo de legislaciones laxas y permisos discrecionales. Comunidades de Santa María Chi, Tekax, Peto y Tzucacab han documentado cómo, gracias a los modelos extractivistas, los desechos orgánicos y los agroquímicos terminan en el agua que beben. Mientras tanto, las industrias acaparan volúmenes enormes del líquido (3) mediante concesiones que privilegian el riego tecnificado para la agroexportación, mientras las poblaciones locales enfrentan sequías y pozos contaminados.
¿Gestión hídrica? Más bien gestión cómplice: el gobierno del estado y las autoridades de agua de diferentes administraciones políticas han mirado hacia otro lado o, peor aún, han facilitado los dictámenes de factibilidad para estos megaproyectos, bajo el argumento del empleo y la inversión. Pero no hay empleo que compense la pérdida de un bien común tan esencial como lo es el agua (4).
Energías limpias, ganancias sucias
Quizás ninguno de los conflictos actuales muestre con tanta claridad la paradoja de la acumulación por despojo como el de los parques eólicos y fotovoltaicos. Yucatán es hoy un polo de atracción para implementar decenas de proyectos de energía renovable. Aerogeneradores y paneles solares ocuparían grandes extensiones de tierra, muchas veces rentadas o compradas a ejidatarios divididos por las promesas de ingresos fáciles.
Pero la realidad es otra. Las comunidades mayas y las organizaciones civiles (como el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible) han denunciado que estos proyectos ignoran los impactos ambientales acumulativos: alteración de flujos de viento, afectación a la fauna, compactación del suelo y, otra vez, presión sobre el agua. Y lo que es peor: la energía generada no se traduce en beneficios directos para los habitantes locales (5). No hay reducción en sus tarifas, no hay electrificación de zonas marginadas, no hay autodeterminación energética. Las ganancias se van, el territorio queda transformado y las comunidades, desposeídas.
Mientras tanto, en Mérida, vecinos de Cholul se manifiestan contra la construcción de una gasolinera en una zona residencial; por otro lado, la comunidad de Dzoyilá resiste, defendiendo su zona arqueológica que de un día para otro tenía máquinas de construcción al lado de los vestigios arqueológicos de Dzoyilá. El caso parece pequeño, pero es sintomático: no se necesita un tren o un parque eólico para activar la lógica del despojo. Basta con un permiso de uso de suelo, una sesión de cabildo acelerada o un dictamen de impacto ambiental que mira para otro lado. La complicidad de la gestión está en los actos menores tanto como en los megaproyectos.
Lo que esto significa para la ciudad
Para Mérida y las ciudades yucatecas, la acumulación por despojo no es una teoría abstracta: es el modelo concreto que (re)dibuja sus bordes, encarece sus suelos, privatiza sus bienes comunes y normaliza que el crecimiento urbano implique siempre la expulsión de alguien. Significa que la planeación urbana se ha delegado al mercado, con autoridades que facilitan cambios de zonificación, otorgan permisos sin consulta y castigan la protesta social como si fuera un obstáculo al progreso.
Pero también significa que la resistencia existe. Comunidades mayas, colectivos vecinales, asambleas ejidales y organizaciones ambientales han intensificado sus demandas por justicia ambiental, territorios autodeterminados y una ciudad que no se construya sobre los escombros de la vida común.
Subrayar la complicidad de la gestión
No es un dato menor: es la clave para entender por qué estos conflictos no son fallas del sistema, sino su modo de operar. El despojo no ocurre a pesar de las autoridades; ocurre porque ellas, en distintos niveles y con distintas máscaras, lo habilitan, lo disimulan o lo legitiman.
Yucatán tiene todavía el privilegio de un acuífero único, una memoria territorial viva y una red de resistencias que no se han rendido. Pero la pregunta que queda flotando, como el olor a cerdo sobre un cenote, es si la ciudad y su gestión querrán seguir siendo cómplices del despojo… o si por fin se atreverán a decir no, aquí el agua, la tierra y el futuro no se venden.
Conclusión: el hilo invisible de la desposesión a la pérdida del derecho a la ciudad
Hasta aquí hemos visto cómo en Yucatán la tierra ejidal se fragmenta, el agua se contamina y acapara, los megaproyectos energéticos desplazan beneficios locales, la expansión urbana se sostiene, en muchos casos, en el acaparamiento de tierra social y la complicidad gubernamental normaliza el despojo. Pero, ¿qué significa todo esto para quien habita las ciudades yucatecas? La respuesta no reside únicamente en la economía política, sino en el núcleo de un concepto fundamental de la teoría urbana crítica: el derecho a la ciudad.
Acuñado por el filósofo Henri Lefebvre en 1968, el derecho a la ciudad no es un derecho jurídico más. Es la exigencia de que los habitantes —no sólo los inversionistas o planificadores— participen activamente en la producción del espacio urbano. Significa poder acceder a los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad ofrece, pero también decidir cómo se transforma, quién se queda y quién es expulsado. En pocas palabras: el derecho a la ciudad es el derecho a no ser desposeído de la vida urbana.
David Harvey, quien retomó y actualizó a Lefebvre, fue tajante: la acumulación por desposesión es el mecanismo mediante el cual se anula ese derecho. Cuando un ejido es rentado en asamblea amañada para construir un fraccionamiento cerrado, no sólo se pierde tierra agrícola; se pierde la posibilidad de que los campesinos sigan siendo parte de la trama urbana. Cuando se contamina el acuífero con desechos porcinos, no sólo se envenena el agua; se expulsa a las comunidades de su propio territorio, obligándolas a migrar a periferias aún más precarias o a vivir enfermos por generaciones.
En Yucatán, el derecho a la ciudad se viola cada vez que:
- Una comisaría como Santa Gertrudis Copó es cercada por conjuntos habitacionales de lujo, y los vecinos originales ya no pueden vivir sus tradiciones o producir sus tierras.
- Una zona arqueológica como Dzoyilá está amenazada, y la gestión municipal otorga permisos a inmobiliarias sin importar el patrimonio colectivo.
La acumulación por desposesión, entonces, no es sólo un proceso económico: es la máquina que produce ciudades sin ciudadanía. Ciudades donde unos acumulan (tierra, agua, plusvalía o permisos) y la mayoría acumula desventajas: menos espacio público, más segregación, menos poder de decisión.
El hilo que falta en el discurso oficial del “crecimiento ordenado” es este: no puede haber derecho a la ciudad si la gestión —municipal, estatal o federal— actúa como facilitadora del despojo. No hay derecho a la ciudad si las consultas son simulacros, si los planes de desarrollo urbano se modifican a medida del capital y si la protesta social es criminalizada. Por eso Harvey insiste: la acumulación por desposesión requiere de un Estado cómplice. Y ese Estado, al serlo, le arranca a la ciudadanía su herramienta más preciada: la capacidad de decidir colectivamente el futuro de su espacio.
(2) Torres Mazuela, Gabriela (2021) https://www.ccmss.org.mx/wp-content/uploads/2020_22_TresDecadasPrivatizacion.pdf
(4) https://aguaparatodos.org.mx/consejo-ciudadano-por-el-agua-de-yucatan/
(5) Olmedo-Neri, R. et al. (2023) Fragmentación social en zonas rurales: los megaproyectos energéticos en el estado de Yucatán. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2395-91692022000100127
Fuentes para profundizar:
- Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (reportes sobre defensa territorial): https://ccmss.org.mx/
- David Harvey, El nuevo imperialismo (2003) y Breve historia del neoliberalismo (2005)
- Avispa Midia https://avispa.org/?s=yucatan
- Despojan tierras en Yucatán, bajo engaño, https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Despojan-tierras-en-Yucatan-bajo-engano, revisado 22 mayo 2026.
- Mayapolis, TURISMO Y EXPANSIÓN URBANA EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN https://www.youtube.com/watch?v=ak34C6KB_dU
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