Si bien las condiciones de la vivienda en el país han mejorado en términos generales para un número importante de población, los rezagos son aún considerables. Si nos atenemos a su cálculo más reciente, publicado por SEDATU y CONAVI (Díaz Duarte et al., 2021), a partir de los resultados del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020, tenemos en el país 34,892,977 hogares, de los cuales, el 24.4%, es decir, 8,504,424, se encuentran en lo que se define como rezago habitacional. Entiéndase esta condición, según la propia definición de CONAVI, como las viviendas con personas hacinadas (en promedio más de 2.5 por habitación), que no cuentan con excusado y cuyo inmueble está construido con materiales precarios, ya sea de desecho, perecederos o vernáculos. Se incluye también los techos de lámina o paredes y techos de madera y pisos de tierra.

Para el caso de Yucatán, el 18.2% de las viviendas se consideran en rezago habitacional. No es una situación tan grave si se compara con el dato nacional (24.4%), o con otros estados que se encuentran en el mismo segundo nivel de rezago, en rangos por encima del 18%, como Michoacán, con el 27.6%. Sólo para efectos de comparación, en los mejores rangos (de 5% a 18%), están Aguascalientes, Nuevo León y Ciudad de México (5%, 7% y 8% respectivamente). En el otro extremo, en el Sur del país, están los que tienen mayor rezago habitacional, que son Chiapas (68.2%), Tabasco (59.4%) y Oaxaca (53.2%).

 

 

 



 

 

 

En lo concerniente al número de personas, para el caso de Yucatán, el total de habitantes que viven en casas con rezago habitacional suma 510,559, esto es el 22.1% de la población total estatal. Esto es referido, como he dicho, al rezago habitacional. Se puede inferir que, en el caso de Yucatán, no es predominante esta condición, implica a poco menos de un quinto de la vivienda y abarca un tanto similar, ligeramente mayor, de la población total estatal. Para el caso de la Zona Metropolitana de Mérida, la vivienda precaria parece una anomalía numéricamente muy reducida, esto lo he estudiado con mi colega Enrique Pérez Campuzano, del Instituto de Geografía de la UNAM, sin embargo, dada la reciente publicación de los datos censales y el incipiente manejo de datos que llevamos, tomemos estas afirmaciones con cautela, pero todo parece indicar que se podría confirmar la hipótesis de que, pese a que los salarios en Yucatán son bajos, la situación de la vivienda (materiales, equipamiento, etcétera) y de equipamiento urbano en la Zona Metropolitana de esta ciudad, son bastante aceptables y más si se las compara con el resto del Sur y Sureste del país.

Pero antes de suponer o decir que todo es miel sobre hojuelas, creo que hay que problematizar la cuestión para dar una dimensión real de la situación de la vivienda, más allá de cómo se la define de forma convencional. No es lo mismo rezago habitacional que condiciones de habitabilidad. Sabemos que en lo que respecta a la habitabilidad se deben incluir muchas apreciaciones objetivas (de los índices, de los datos) y subjetivas (de las personas, sus anhelos, expectativas).

En los últimos gobiernos se ha construido mucha vivienda, pero de mala calidad o mal planeada, o deliberadamente hecha en tierra barata, lejana e inconexa. Desde la reforma al artículo 27 constitucional de 1992, que liberó al mercado la tierra ejidal, en lo que respecta a la construcción de vivienda, se privilegió el criterio de maximizar ganancias a costa de muchos déficits. Las condiciones de habitabilidad en esta etapa de auge inmobiliario han empeorado. La manera en cómo se han comportado los desarrolladores de vivienda, así como la manera en cómo han funcionado los organismos que otorgan créditos para comprarla, sobre todo, aquellos que otorgan créditos de interés social, como INFONAVIT y FOVISSSTE han abonado a una urbanización que pone el acento en el lucro, la colocación de créditos y no en formas sustentables de hacer ciudad (Ziccardi, 2015).

“Las distancias, la falta de un servicio de transporte público eficiente y a precio accesible, la calidad de los materiales o la carencia de equipamientos públicos a proximidad, como es la falta de espacios recreativos, de educación o de salud, hacen que la gente opte por abandonar su vivienda, aunque esto incluso sea caer en cartera vencida”.

Hay algunos indicadores que revelan mucho de esta situación, como la vivienda abandonada. En ciertos municipios del país, como es de suponerse, la vivienda abandonada lo es por el índice delictivo o la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales. En la mayor parte de los casos, como también sucede en la Zona Metropolitana de Mérida, es más bien una cuestión que está íntimamente ligada a la calidad de la misma y su ubicación. Las distancias, la falta de un servicio de transporte público eficiente y a precio accesible, la calidad de los materiales o la carencia de equipamientos públicos a proximidad, como es la falta de espacios recreativos, de educación o de salud, hacen que la gente opte por abandonar su vivienda, aunque esto incluso sea caer en cartera vencida.

En un estudio de INFONAVIT (2015) se pretende hacer un cálculo preciso de las causas de abandono de la vivienda. Éstas se agrupan en dos factores principales, los cuales, a su vez, se descomponen en otros varios elementos. El factor 1 implica lejanía de la vivienda del centro de población, la adquisición de la misma sin interés de habitarla o el abandono de ésta por cartera vencida. El municipio metropolitano de Ucú entra en esta caracterización. Existe un segundo factor que implica calidad inadecuada de la vivienda, riesgo natural, inseguridad y malas decisiones de los compradores (por falta de información, entre otras). Esto implica a los municipios de Kanasín y Umán. De acuerdo a esta fuente, el total de viviendas abandonadas en la ZM de Mérida sumaba 3,994, lo que parece relativamente poco. En números absolutos estamos muy parecidos a Querétaro, pero la población allá es mayor.

Sin embargo, aquí hay que hacer una precisión metodológica: no es lo mismo vivienda abandonada, como la mide el INFONAVIT, que vivienda deshabitada, como la mide el INEGI. Esta diferencia se ha prestado a polémicas periodísticas estériles (como lo son casi siempre), aunque ambas instancias oficiales definen con claridad qué se mide en cada una de éstas. La primera siempre va a arrojar un número mucho menor.

Quizás haga falta una última consideración en este texto. La situación de Mérida y su Zona Metropolitana es ventajosa, mucho si se la compara con otros estados del Sur y Sureste del país, sin embargo, no se debe perder de vista que el momento actual es una encrucijada. Si se olvida por completo la vivienda de calidad para sectores de bajos recursos, incluso para los que tienen el privilegio de acceder a créditos de interés social, la conocida segregación urbana que caracteriza a la ciudad se acentuará, más en relación de la capital con los municipios periféricos, que como se ha sugerido, son el receptáculo de todo lo que Mérida no quiere tener (como giros negros, vivienda barata, escasez de equipamiento urbano, entre otros varios déficits).

“Es imposible, o más bien, insostenible, una ciudad que se construye sólo para garantizar vivienda de calidad a los sectores medios y altos, como se está haciendo en importantes zonas del Norte de la ciudad, principalmente en las otrora comisarías ejidales”.

 

 

Referencias:

Díaz Duarte, Silvia et al., 2021, Actualización del rezago habitacional, SEDATU-CONAVI. México.

INFONAVIT, 2015, Atlas del abandono de vivienda, Cuadra, México.

Ziccardi, Alicia, 2015, Cómo viven los mexicanos. Análisis regional de las condiciones de habitabilidad de la vivienda, IIJ-UNAM, México.

 

Ricardo López Santillán

Ricardo López Santillán

Licenciado en Sociología por la UNAM. Maestro y Doctor en Sociología por la Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III. Investigador titular en el CEPHCIS UNAM en Mérida.

E-mail: lopezsantillan@cephcis.unam.mx

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