El Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible Va y Ven enfrenta actualmente una emergencia financiera, resultado de una combinación de fallas estructurales y problemas coyunturales acumulados desde su planeación e implementación, en la pasada administración estatal, a las que se suman factores externos al propio sistema.
Entre los problemas estructurales destaca el marco regulatorio del transporte. En la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) se incorporó la figura de los “Kilómetros Mínimos Garantizados”, mediante la cual la ATY se compromete a pagar a las concesionarias una cantidad mínima de kilómetros recorridos como incentivo para renovar flotillas e integrarse al sistema (1). Sin embargo, al basarse en estimaciones alejadas a la operación real, este mecanismo ha generado sobrecostos significativos al pagar kilómetros no recorridos, dañando la sostenibilidad financiera del sistema en el mediano y largo plazo.
Asimismo, la modernización del parque vehicular no fue acompañada de una reingeniería integral de rutas. Persisten esquemas radiales, a pesar de que desde hace más de 15 años se ha señalado la necesidad de transitar hacia una red jerarquizada con líneas troncales, rutas alimentadoras, circuitos y arcos viales. Aunque el servicio es más cómodo, seguro e inclusivo, al no incidir en el rediseño de rutas, no se reducen los tiempos de traslado ni se mejoran las coberturas, restándole competitividad frente a la motocicleta, el automóvil o el servicio de transporte por plataformas tecnológicas.
A ello se suma la disminución sostenida del reparto modal del transporte público, tendencia asociada al crecimiento urbano disperso, de baja densidad y escasa conectividad, que incrementa distancias y dependencia del vehículo privado. Esta situación se agravó a partir de 2020 con la pandemia por COVID-19, cuando las restricciones de movilidad y el temor al contagio alejaron a una parte importante de los usuarios del transporte colectivo (2).
En el plano coyuntural, resultan especialmente graves las fallas recurrentes en la plataforma de gestión de flota y en el sistema de recaudo, que han impedido un monitoreo eficiente del servicio y, en algunos casos, el cobro del pasaje, profundizando el déficit financiero. También es limitada la estrategia de intermodalidad, al privilegiarse la construcción de costosos CETRAM sobre intervenciones viales puntuales en intersecciones donde ya ocurren transbordos.
Si bien el sistema Va y Ven requiere una reestructuración profunda para sanear sus finanzas, muchas de estas medidas son de mediano plazo, mientras que los compromisos financieros son inmediatos. En este contexto, el aumento del Impuesto sobre la Nómina al 3.75%, (3) aunque imperfecto, resulta una medida coyuntural más socialmente responsable que incrementar la tarifa del transporte público, y se inscribe en un enfoque de justicia redistributiva.
Debe reconocerse que todo sistema de transporte público de calidad opera con subsidios. Por ello, además de ajustes internos, será indispensable fortalecer el Fondo Estatal de Movilidad y evaluar instrumentos fiscales como la tenencia vehicular, el cobro de estacionamiento y los peajes urbanos, por citar algunos ejemplos. Con sus aciertos y errores, el Sistema Va y Ven representa un avance significativo: el reto no es retroceder, sino corregir, ampliar y consolidar el sistema.
(1) Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán. (2023, 28 de diciembre). Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2023/2023-12-28_9.pdf
(2) Hernández, J. J., Martínez, A. M., Gil, J., Ramírez, A., Escalante, D., & Ruiz, E. (2022). Impactos económicos de la pandemia de COVID-19 en el transporte público urbano en ciudades mexicanas. World Resources Institute. https://doi.org/10.46830/wriwp.20.00070
(3) Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán. (2025, 26 de noviembre). Gobierno del Renacimiento Maya reafirma apertura al diálogo. Gobierno del Estado de Yucatán. https://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=10069
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