Hablar de ciudad es hablar de poder, de quién decide, quién participa, quién es escuchado y quién no. Durante muchos años, la planeación urbana y la toma de decisiones en los espacios colegiados han sido territorios predominantemente masculinos. No necesariamente por exclusión explícita, sino por inercias históricas que normalizaron ciertas voces y relegaron otras.
Desde mi experiencia en espacios de gobernanza y en organismos colegiados, como el Colegio Yucateco de Arquitectos, he podido observar cómo la estructura formal de participación no siempre garantiza una representación real y equitativa. La perspectiva de género no se trata únicamente de sumar más mujeres a la mesa; se trata de cuestionar cómo funciona esa mesa, quién fija la agenda, cómo se distribuye la palabra y qué temas se consideran prioritarios.
La gobernanza urbana tiene un impacto directo en la vida cotidiana: en la movilidad, en la seguridad, en el acceso a espacios públicos, en la vivienda y en las oportunidades económicas. Sin embargo, usualmente las ciudades se han diseñado bajo modelos que responden a patrones de vida productiva lineales (casa-trabajo-casa), ignorando que muchas mujeres sostienen dobles y triples jornadas, que cuidan, acompañan, gestionan y transitan la ciudad de manera mucho más compleja.
Incorporar la perspectiva de género en los organismos colegiados implica reconocer que las decisiones técnicas no son neutras, se requiere que estén integradas a la identidad, cultura y valores históricos. Cada reglamento, cada norma urbana y cada dictamen tiene implicaciones diferenciadas para distintos grupos de la población. Por ello, la gobernanza no puede limitarse a criterios exclusivamente técnicos; debe integrar miradas sociales, experiencias diversas y una comprensión profunda de las desigualdades estructurales.
En las organizaciones y consejos profesionales, la representación femenina ha ido creciendo. Sin embargo, aún enfrentamos retos importantes: la subrepresentación en puestos directivos, la carga desproporcionada de tareas organizativas no visibles y la necesidad constante de validar nuestras capacidades en espacios donde nunca hemos sido mayoría. Esto no es una queja, es un diagnóstico necesario para evolucionar.
La perspectiva de género también nos invita a transformar las dinámicas internas: fomentar liderazgos colaborativos en lugar de jerárquicos, promover procesos de toma de decisión más transparentes, generar mentorías entre mujeres y establecer mecanismos claros para prevenir y atender situaciones de discriminación o violencia simbólica. Pero quizá lo más importante es entender que no se trata de una agenda exclusiva de mujeres. La construcción de ciudades más justas, seguras y equitativas es una responsabilidad colectiva. Cuando los organismos colegiados y las organizaciones de profesionales privados y públicos incorporan activamente la diversidad de género, de edad, de trayectoria y de contexto socioeconómico, enriquecen su capacidad de análisis y fortalecen su legitimidad ante la sociedad.
Como arquitectas, no sólo diseñamos espacios físicos; también participamos en la configuración de marcos normativos y criterios técnicos que modelan la ciudad. Asumir una postura consciente desde la gobernanza implica preguntarnos constantemente: ¿para quién estamos tomando decisiones?, ¿a quién beneficia esta norma?, ¿quién podría estar quedando fuera?
Transformar la gobernanza es un proceso gradual, pero empieza por reconocer que la neutralidad no existe. Cada decisión nos afecta. Es por eso por lo que las acciones que se tomen deben estar basadas en el profundo amor a nuestra ciudad, reconociendo nuestra identidad, atesorándola y valorando nuestra historia y cultura. Cada espacio de participación que logramos abrir fortalece y hace más equitativa la vivencia de nuestras ciudades de manera concreta y palpable. La ciudad es de todos y para todos, tener conciencia de este concepto nos hace responsables del resultado de nuestro entorno.
