Alguna vez el titular de la anterior administración enunció en un acto público: “Ningún presidente se despierta pensando cómo joder a México”. Quizás la historia de nuestro país, colmada de revanchismos políticos, casos de corrupción, nepotismo, y enriquecimiento ilícito de la clase política, nos han hecho olvidar la costumbre de dotar de confianza a la buena voluntad de las personas que elegimos a través del voto popular.
Este desagrado no puede ser más evidente hoy en día. Y el creer que la clase política solo ve por sus propios beneficios en lugar de los colectivos, nos lleva a creer que la mayoría de las reformas solo sirven para beneficiar a un selecto grupo de poder, ya sea político, económico o social. Es decir, que tal vez no se quiere afectar al Estado, pero tampoco se olvida que alguien saldrá más beneficiado que el otro.
Sin embargo, los aciertos o desatinos que nos ha dejado la política, no nos eximen de la responsabilidad de saber y conocer de las reformas que pueden llegar a determinar las circunstancias que actualmente afectan a nuestra comunidad. La política no es sinónimo de Estado de Derecho. Aún y cuando existan desacuerdos entre los sectores ideológicos, asumo que se busca siempre el bienestar de la población del territorio en donde se habrán de aplicar las normas nuevas o reformadas, o incluso, la hipótesis de caso en la que una prohibición ahora es una facultad.
Reformas legales en Yucatán
En Yucatán estamos viviendo una serie de reformas que buscan, principalmente, consolidar escenarios que no solo se estimen necesarios, sino justos. La necesidad de justicia crea la necesidad de una reforma normativa, y no al revés. Es claro que en nuestro país se han dado pasos agigantados en la lucha por la defensa de los derechos fundamentales, por lo que todo ente político, ya sea individual o institucional, debe estar enfilado a lograr mejoras, sobre todo en aspectos tan importantes como son la reorganización, en cuanto al derecho de tener un ambiente digno y sano para habitar, hasta el cada vez más preocupante derecho al agua.
Por lo anterior, resulta importante que se ejecuten cambios que permitan generar espacios propicios que den acceso a estos derechos. La responsabilidad es mayor, por ser temas torales en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, la cual sirve de guía para cualquier habitante a fin de garantizar, no solo el desarrollo, sino que me atrevería a decir la sobrevivencia de la especie humana.
Claro, estos cambios no podrán darse solos, pues la buena voluntad ya no es una carta que sirva en un mundo tan vertiginoso y sobrepoblado como el que nos ha tocado. Recalcamos entonces que el ordenamiento jurídico, al ser un resultado de la labor del órgano legislativo, y cuyo cumplimiento debe ser garantizado por el ejecutivo, debe estar en consonancia con las necesidades que la vida diaria exige.
Herramientas que prevengan o restauren las deficiencias del Estado de Derecho
Por lo anterior, se entiende que las reformas no solo debieran ser resultado de las condiciones externas que el mundo va dictando, sino que deben ser herramientas preventivas o restaurativas de las deficiencias que vulneren el Estado de Derecho que debe seguir imperando en Yucatán. Si bien no es posible conseguir resultados distintos haciendo lo mismo, tampoco es posible generar resultados benéficos sin la consonancia de todos los interesados, tanto gobernados como grupos de poder.
Una vez entendido eso, será importante el que las oportunidades que se gesten a razón de los cambios que se den desde la tribuna legislativa, tengan eco en cambios sustanciales y benéficos para la sociedad. Solo así lograremos que la gente vuelva a tener esa esperanza de la buena fe en quienes hacen política, pero en especial, en los encargados de hacer las leyes y aplicarlas.
«Las reformas no solo debieran ser resultado de las condiciones externas que el mundo va dictando, sino que deben ser herramientas preventivas o restaurativas de las deficiencias que vulneren el Estado de Derecho que debe seguir imperando en Yucatán».
