En la actual coyuntura urbana de Mérida, cuyos vertiginosos cambios económicos, sociales y físicos son elocuentes, también salta a la vista la apremiante necesidad de que la política urbana y ambiental se ponga a la par con dichas circunstancias. Es cierto que la administración de la ciudad ha sido en general, acertada. La ostentación de premios y distinciones a la ciudad, concedidas por agencias nacionales y extranjeras que viven de ello, no es imprescindible para percibir que el orden prevalece sobre la anarquía y el caos. Mérida es una ciudad exitosa para propios y extraños, y de ahí su atractivo creciente en la última década.

Sin embargo, persiste una agenda de asignaturas pendientes cuya cobertura es viable por parte de las autoridades competentes, además de sumamente deseable para el bienestar de todos los que habitamos la ciudad. Enlisto y caracterizo escuetamente las tareas que a mi parecer integrarían esta agenda que de ningún modo se pretende exhaustiva y limitativa:

El Gran Parque “La Plancha”. Mucho se ha trabajado comunitariamente y grandes inversiones públicas se han realizado para llevar a buen fin mejoras de espacio público y ambiental. Las amenazas recientes a este proyecto no se limitan a la absurda intención del gobierno federal por reactivar la estación central de ferrocarriles con el ingreso de su “Tren maya”. Mucho me temo que también existe una red de intereses inmobiliarios locales que ven en estos predios otro jugoso filete, como lo fue tiempo atrás el terreno de la Estación Monitora SCT, convertido hoy en el complejo Altabrisa. Nuestras autoridades locales tienen ante sí el desafío de garantizar el bien público y el interés general por encima de estos aviesos intereses particulares. La pelota está en su cancha y así lo garantizan la Constitución y las leyes secundarias de orden urbano y ambiental.

El comercio de lotes distantes y sin servicios. Basta con asomarse a las imágenes satelitales del Google Earth o, más fácil, revisar las páginas centrales de las más conocidas revistas inmobiliarias, para que resuenen nuestras alarmas. El territorio metropolitano está siendo saturado por cientos de pedazos desmontados, incomunicados y con trazas de no recuperar nunca más su carácter natural. Esta violenta agresión al orden ambiental y urbano está sustrayendo de la gestión pública miles de hectáreas, antes ejidales y de selva baja, para convertirlas en un modelo de negocio llamado “Lotes de inversión” que consiste en vender –a precios hasta cincuenta veces mayores– tierras despojadas por algunos pesos a núcleos ejidales. Ya están vendiendo hasta los terrenos de la sabana que colindan con las ciénagas. Lo viene emprendiendo desde hace unos años una mafia inmobiliaria que no construye desarrollos ni genera empleos, sólo vende terrenos en breña bajo la promesa del futuro paraíso verde, la pertenencia exclusiva a una élite, la recuperación pronta de elevadas plusvalías y la seguridad de los conjuntos amurallados. Usan el éxito de grandes y lujosos desarrollos ya consolidados, como espejismo para engañar incautos con folletería, maquetas, bellos pórticos de acceso y promesas a largo plazo. Nada dicen de los extensos recorridos, de la falta absoluta de servicios como el agua y la energía, del esclavizante y costoso uso del automóvil, del régimen de condominio y las cuotas de mantenimiento que los atarán a un tributo perpetuo y al caos administrativo que trae este régimen. Nada dicen tampoco del cada vez más difícil acceso vial a la ciudad y al anillo periférico. Las autoridades estatales y municipales deben frenar este tráfico infame que victimiza a quienes lograron con esfuerzo cierto nivel adquisitivo, o bien, pensiones dignas que rinden escasos pero seguros intereses en los bancos. Buena parte de la culpa se la tienen la expedición de factibilidades de uso (FUA) por parte del gobierno estatal y la concesión de licencias y permisos municipales amparados en planes urbanos con zonificaciones del suelo francamente expansivas.

 

“Los lotes de inversión usan el éxito de grandes y lujosos desarrollos ya consolidados, como espejismo para engañar incautos con folletería, maquetas, bellos pórticos de acceso y promesas a largo plazo”.

 

Accesos viales a Mérida. Como correlato de la expansión desordenada, el crecimiento poblacional de las comisarías y la reciente construcción de fraccionamientos, conjuntos campestres y –hasta distritos comerciales de lujo como La Isla–, el tráfico vehicular entre la ciudad y el territorio metropolitano se ha intensificado en grado crítico. La carencia de servicios de escala urbana (educación, supermercados, recreación, etc.) y la fuerte dependencia de estos nuevos núcleos respecto a la atractiva ciudad han dado lugar a estos flujos que, sobre todo en el sector norte de la ciudad, provocan severos embotellamientos en la intersección de las carreteras con el anillo periférico. En las horas pico las filas de automóviles saturan esas carreteras y también las vías laterales del periférico. El problema crece sin cesar y quien esto escribe no conoce ninguna intención gubernamental expresada en proyectos y menos aún en presupuestos. Ojalá existan. Y desde luego, la solución no está en otros anillos viales que sólo reforzarían el desquiciamiento de la expansión metropolitana con altísimas inversiones públicas para valorizar terrenos privados. La solución está en los cruces conflictivos, en los accesos a la ciudad, no en comunicar comisarías y resorts entre sí. Las autoridades pueden aprovechar los enormes terrenos anexos al periférico que se mantienen baldíos para construir la infraestructura vial necesaria.

“La solución a los conflictos en los accesos a la ciudad no está en otros anillos viales, que sólo reforzarían el desquiciamiento de la expansión metropolitana”.

Ordenamiento urbano en comisarías. El cambio sociodemográfico que trajo la expansión urbana de Mérida sobre las comisarías ubicadas en todos los rumbos fuera del periférico están ocasionando conflictos de convivencia entre lo nuevo y lo viejo, los locales y los fuereños. Ya no existen fundos legales ni áreas ejidales para nuevos asentamientos de la población local.

Todo se vendió desde la reforma agraria salinista de 1992. Los pueblos ven multiplicarse casas y conjuntos residenciales, padecen el hacinamiento familiar, el crecimiento vehicular y el tráfico conflictivo en angostas calles donde antes sólo transitaban personas y bicicletas. El ruido de las salas de fiesta en que se convirtieron los cascos de las ex haciendas henequeneras se suma a la invasión de automovilistas que acuden a bodas, graduaciones y otras fiestas. Urge entonces que dichas comunidades cuenten con instrumentos jurídicos, políticas públicas y proyectos que atiendan esta problemática. Aquí tiene una tarea urgente el IMPLAN.

Minucias significativas. ¿Sería mucho pedir que el ayuntamiento de Mérida aplique con el rigor necesario el nuevo reglamento contra el ruido y que las policías estatal y municipal eviten la perniciosa costumbre de estacionar vehículos en las esquinas de las calles? No sé qué tan eficaz ha sido el control de las escandalosas cantinas nocturnas en el centro histórico, pero en las zonas habitacionales continúan las severas molestias por el ruido de bares, lavadoras de autos, talleres mecánicos e industriales, escuelas, gimnasios, salas de fiestas y otros establecimientos agresivos a la convivencia. En el otro tema, basta recorrer las colonias residenciales donde proliferan sin control oficinas, edificios de departamentos, town houses, bares y restaurantes para constatar el irregular uso de las esquinas como estacionamiento. La regulación vial también es un tema de seguridad.

 

Espero que este compendio de observaciones (el cual espero seguir ampliando en colaboraciones próximas) genere la respuesta esperada por parte de nuestras autoridades y, en algunos casos, de nosotros los ciudadanos.

 

 

 

Jorge Bolio Osés

Jorge Bolio Osés

Sociólogo por la UNAM y Maestro en Arquitectura por la UADY. Fue Director del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Yucatán y Director Académico del CICY.

E-mail: bolicho@hotmail.com

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