Justicia energética como paradigma en tiempos de desarrollo sostenible

Nuestra ciudad de Mérida, desde su fundación hace casi 500 años, está basada en un proceso de segregación y desigualdad, como muchas otras ciudades en México. Ya en la época colonial, las residencias de los españoles y criollos estaban aparte de los barrios mayas, sin mencionar el sistema de castas que se fomentó durante más de dos siglos. La explotación de mano de obra indígena y de otros grupos traídos de distintas latitudes, también ha sido una constante que permitió el enriquecimiento de ciertas familias, como es el caso del florecimiento de las haciendas henequeneras. Así, la discriminación hacia las poblaciones marginadas ha sido una constante que el modelo económico global ha exacerbado en el último siglo, como se mostrará a continuación.

Quizás está de más recordar el estado de emergencia con el que comenzamos el siglo XXI: producto del uso masivo de combustibles fósiles, se ha ocasionado un incremento importante en las emisiones de gases de efecto invernadero durante las últimas décadas. Este proceso está rompiendo el equilibrio ecológico del Planeta mediante un cambio climático en el que estamos experimentando un calentamiento global. No sólo la biodiversidad de la Tierra está en peligro, sino la misma humanidad. Urge un cambio en el agresivo modelo económico predominante a nivel mundial, el cual no considere la merma en los recursos naturales ni la desigualdad social que se incrementa. Cuando hablamos del uso masivo de combustibles, en efecto, estamos refiriéndonos también a una injusticia, no sólo social, sino también temporal y geográfica.

De manera general, los causantes del calentamiento global son los países que predominan económicamente. Esto ha puesto en desventaja a países pobres, cuyas poblaciones conforman más del 80 % de la población mundial y son las más vulnerables a los efectos del cambio climático. Adicionalmente, estas poblaciones están restringidas a lograr un desarrollo económico, en tanto que se comprometen con las generaciones futuras si se continúa con el modelo predominante. Esta paradoja es ámbito de estudio de la justicia climática.

Los combustibles fósiles, por su propia naturaleza, se asocian a un modelo centralizado de extracción, procesamiento y distribución. Frente a la urgencia de transitar hacia fuentes alternativas de energía, se ha propuesto el desarrollo de grandes proyectos hidráulicos, solares, eólicos y de biocombustibles, también centralizados, con graves consecuencias socioambientales en las regiones rurales. No obstante, los beneficios a nivel local son poco visibles, como es el caso de las grandes hidroeléctricas en Chiapas o los numerosos parques eólicos en Oaxaca, dos de los estados con más rezago económico en el país. Esta otra paradoja está enmarcada en lo que se conoce como justicia ambiental.

Una forma de valorar los recursos energéticos es haciéndonos responsables de su gestión. La descentralización del sistema energético, que es posible gracias al uso de fuentes alternativas, permite que los ciudadanos podamos participar de manera directa en la gestión de los recursos. Este esquema de descentralización nos permite a los ciudadanos contribuir de una manera más amplia en la toma de decisiones, lo que se conoce como democracia energética. La justicia climática, la justicia ambiental y la democracia energética forman parte de un concepto más amplio que se conoce como justicia energética.

En el marco de justicia energética, los ciudadanos gestionamos los recursos disponibles a nivel local dentro de un proceso eficiente y en vías de descarbonización. Siguiendo este paradigma, la ciudad de Mérida tiene una forma de disminuir las desigualdades ya mencionadas y de contribuir desde lo local al desarrollo sostenible global. Por ejemplo, el uso masivo y descentralizado de huertos urbanos, calentadores solares y paneles fotovoltaicos en Mérida, permitiría que aprovecháramos un recurso abundante en nuestro territorio, que es la radiación solar. Eventualmente, esto posibilitaría a la ciudad una mejor distribución de los recursos y un grado de autosuficiencia energética para sus funciones más elementales: alimentación, salud, educación, vivienda, transporte, trabajo, entretenimiento, etc. De esta manera, los ciudadanos tendríamos más y mejores oportunidades de hacer respetar nuestros derechos y salvaguardar los de las próximas generaciones.