Sin lugar a dudas, el uso de la electricidad como vector energético fue un símbolo de la modernidad desde su origen, en la segunda mitad del siglo XIX; aún en pleno siglo XXI sigue representando una marca indeleble del mundo contemporáneo. Muchos de los servicios que actualmente consideramos básicos, como la iluminación, la refrigeración o el uso de otros aparatos eléctricos y electrónicos, generalmente están asociados al consumo de electricidad. No obstante su importancia, es necesario remarcar que la energía eléctrica que se genera en el mundo actualmente representa menos del 20% de la energía total que se consume a nivel global, según datos de la Agencia Internacional de Energía. También es relevante mencionar las principales fuentes de energía utilizadas para la generación eléctrica en el planeta: el carbón mineral (38 %), el gas natural (23 %), las hidroeléctricas (16 %) y la energía nuclear (10 %). Aunque en las últimas décadas se ha buscado un aumento en el uso de otras fuentes de energía como el viento, la solar, los biocombustibles, la geotérmica o las mareas, éstas no representan aún más del 10 % de la generación eléctrica.
En México, la industria eléctrica se desarrolló a lo largo del siglo XX gracias a un programa de nacionalización que se concentró en el desarrollo industrial del país de manera paralela al servicio público eléctrico, el cual permitió una cobertura casi universal a toda su población: de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 98.7 % de las viviendas mexicanas contaban con electricidad en 2015. Esto fue posible, no es posible negarlo, gracias a la nacionalización de una industria floreciente del petróleo, que permitió un gran incremento en la capacidad instalada de plantas generadoras de electricidad entre las décadas de 1940 y 1990. El auge petrolero permitió que incluso México exportara electricidad a sus países vecinos: Estados Unidos, Belice y Guatemala. Aún en el Informe Anual 2019 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se reporta que en los últimos años los combustibles fósiles constituyen más del 70 % de las fuentes primarias para generación eléctrica, seguidos de las hidroeléctricas (entre el 14 y el 18 %), la energía nuclear (entre el 6 y el 8 %) y la energía geotérmica (3 %). La energía eólica y la energía solar representaron juntas menos del 0.2 % de la generación eléctrica nacional.
En las últimas décadas, sin embargo, tres factores han sido determinantes en las condiciones para la generación eléctrica nacional. El primero fue la privatización del sector eléctrico que se dio a partir de la década de 1990, después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que ha permitido duplicar la capacidad instalada de plantas eléctricas en el país durante los últimos 30 años, resultando que actualmente más de la mitad de la electricidad nacional sea producida por la industria privada. El segundo factor fue el pico de producción petrolera en México, que se alcanzó a principios del siglo XXI, el cual ha puesto límites en la generación eléctrica del país, especialmente en las plantas que utilizan gas natural, pues este hidrocarburo se debe importar desde hace un par de décadas, poniendo en jaque la soberanía energética nacional. En especial, es importante saber que una buena parte de este gas, llamado también de esquisto, se obtiene de la fracturación hidráulica (fracking) por empresas norteamericanas, mediante procesos que distan de cuidar el medio ambiente.
Justamente el tercer factor tiene que ver con el medio ambiente. Después de varias décadas de investigación, son contundentes las evidencias sobre contaminación de suelos, aguas y aire, así como el cambio climático global por el uso masivo de combustibles fósiles. Una transición energética hacia otras fuentes alternativas de energía se hace evidente entonces, no tanto por el agotamiento de los recursos fósiles sino por la necesidad de disminuir la contaminación y en especial la emisión de gases de efecto invernadero. En México, la Reforma Energética de 2013 se orientó a impulsar la privatización de los sectores petrolero y eléctrico; en 2015, la Ley de Transición Energética estableció metas ambiciosas para el incremento del uso de las llamadas energías limpias en el sector eléctrico privado únicamente, sin una planeación estratégica orientada al desarrollo regional sostenible y al servicio público eléctrico. A la fecha, no hay claridad en los mecanismos para lograr que las poblaciones que no tienen acceso a la red nacional puedan satisfacer las necesidades mínimas de electricidad. Aún numerosas poblaciones ya conectadas a la red eléctrica, cuentan con dificultades de tener un servicio digno y al alcance de sus capacidades económicas.
Situación en la Península de Yucatán
En la Península de Yucatán han comenzado varios conflictos socioambientales por diversos proyectos eólicos y fotovoltaicos, privados y de gran escala, que se han propuesto para la región, impulsados principalmente por la Reforma Energética. Algunas de las contradicciones del primero de estos proyectos instalados, el parque eólico Dzilam Bravo, han sido bien retratadas en la instalación audiovisual “Pelando aire”, una propuesta del artista Pablo Tut, que se encuentra en una exposición colectiva en el Centro de Artes Visuales del Barrio de Santa Ana, en el centro histórico de Mérida. Esta y otras exposiciones fueron inauguradas en diciembre de 2020 y estarán abiertas al público durante tres meses en distintos recintos culturales del Estado de Yucatán. En ellas se muestran los trabajos de más de 20 artistas como parte de la convocatoria “Ka síijik lu’um (Que nazca la tierra)”, emitida por la Secretaría de la Cultura y de la Artes (SEDECULTA) del Gobierno del Estado de Yucatán, buscando generar una reflexión en torno a la importancia de la naturaleza.
A la fecha, más de 40 proyectos han sido propuestos para instalarse en los tres estados de la Península, de los cuales, alrededor de 30 aterrizarían en el estado de Yucatán, donde ya hay cinco de estos proyectos en operación: tres eólicos y dos fotovoltaicos. En estos casos, la generación eléctrica no favorece a la población local; en cambio, son notorios los problemas por la tenencia y el usufructo de la tierra, los enfrentamientos al interior de los ejidos y las comunidades rurales e indígenas, así como los impactos ambientales a la biodiversidad y al equilibrio ecológico. Cabe mencionar que, desde antes de la instalación de estos proyectos, el estado de Yucatán ha generado más electricidad de la que consume, mientras que Quintana Roo prácticamente no genera electricidad, a pesar de ser un gran consumidor de este servicio, indispensable para su industria turística. El incremento de oferta en la generación eléctrica de la Península obedece entonces a un mercado industrial y de servicios nacional e internacional que no considera el bien público local.
El actual gobierno federal ha propuesto la instalación de dos nuevas plantas generadoras de electricidad con gas de esquisto en Mérida y Cancún, incluyendo la construcción de un gasoducto de Mérida a Cancún. Si bien es loable la idea de que Quintana Roo participe en la generación de su propia electricidad, el utilizar un combustible de importación y con un alto impacto ambiental no resuelve un desarrollo regional sostenible y de largo alcance. Hay un par de factores que deben ponerse aún en la mesa, como lo ha hecho recientemente el colectivo GeoComunes en su visualizador del Sistema Eléctrico Mexicano: la electricidad para qué y para quién. Si lo que se busca es este desarrollo regional sostenible, entonces debe establecerse una planificación estratégica basada en la eficiencia energética y la protección de los recursos locales y el bien común.
También es tiempo de buscar nuevos modelos descentralizados de generación eléctrica que justamente son posibles gracias a las tecnologías actuales que utilizan los aerogeneradores y las celdas fotovoltaicas: los consumidores también pueden ser productores, convirtiéndose en prosumidores conscientes de los recursos que utiliza y, por tanto, evitando derroches o desperdicios de electricidad. En este sentido, los grandes centros urbanos de la región, como Mérida o Cancún, que también son los polos de mayor consumo eléctrico, podrían incentivar la generación distribuida mediante proyectos vecinales o de micro, pequeñas y medianas industrias y comercios con autoabastecimiento eléctrico. Estos esquemas de participación ciudadana y gobernanza podrían ser además el pilar de una nueva sociedad que impulse una transición energética sostenible y justa, como lo demuestra el documental “La energía de los pueblos” (La Sandía Digital, México, 2020).
«Más de 40 proyectos han sido propuestos para instalarse en los tres estados de la Península, de los cuales, alrededor de 30 aterrizarían en el estado de Yucatán, donde ya hay cinco de estos proyectos en operación: tres eólicos y dos fotovoltaicos».
Rodrigo T. Patiño Díaz
Químico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Doctor en Ciencias por el Departamento de Química del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav). Investigador titular de la Unidad Mérida del Cinvestav. Es especialista en temas de energía, y se interesa por el trabajo interdisciplinario y la divulgación de la ciencia.
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