La CANADEVI es un organismo empresarial, organizado por desarrolladores que no solo cumplen con la normatividad, sino que además participan, colaboran y proponen acciones de revisión y mejoramiento de leyes, normativas, planes, programas y políticas públicas en conjunto con los tres niveles de gobierno, y con otros organismos de la iniciativa privada y de la sociedad civil organizada.
Sin importar del sector económico del que se trate, la iniciativa privada tiene la responsabilidad de generar riqueza, empleos, fortalecer el capital humano, la capacitación, el crecimiento profesional, la buena remuneración y, desde luego, generar toda una cadena de valor a través de relaciones entre empresas y productos.
La traslación de la responsabilidad del sector público en materia de vivienda
No se puede dejar de mencionar que la vivienda, por sí misma, no resuelve la calidad de vida de los ciudadanos, a menos que se inserte en espacios urbanos de calidad; con espacios públicos, áreas verdes, infraestructura y equipamiento en cantidad y calidad a nivel de ciudad… por lo que hay que hablar de las correspondencias.
Hay un incumplimiento histórico en lo que le corresponde al sector público, particularmente en lo referente a la construcción de infraestructura, tanto física como jurídica. Esta infraestructura es la base que debe, no solo permitir, sino también promover el desarrollo y la generación de riqueza por parte de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas, que son las que sostienen la mayor parte de la fuerza laboral del país.
También, ha existido un desequilibrio en la obligación que tiene el poder público para crear igualdad de oportunidades, principalmente con la educación y la promoción de la economía formal. Esto es la verdadera democracia: no en creer que todos somos iguales, sino en garantizar que todos tendremos acceso a las mismas oportunidades. Nunca seremos iguales en talento, en ingresos, en voluntad de crecer… pero sí deberíamos igualar el que todos tengan la oportunidad de desarrollarse. La diferencia estará entonces en el grado de voluntad y esfuerzo de cada persona para aprovechar estas oportunidades.
Cada vez es más evidente que los intereses políticos de los partidos han quedado por encima de la responsabilidad en el ejercicio de la administración pública, lo cual direcciona erróneamente la aplicación de los recursos públicos y, en consecuencia, las instituciones públicas encargadas de la infraestructura, el equipamiento y el espacio público que requiere la vivienda argumentan, no sin razón, la “falta de recursos”. Para resolver lo anterior, se les ha vuelto “fácil” crear o modificar leyes, normas y trámites para obligar al ciudadano a cubrir gastos e inversiones que no le corresponden.
Los intangibles de los que no se habla, pero que encarecen el precio final de la vivienda
La industria de la vivienda, los desarrolladores de fraccionamientos, los “vivienderos” como muchos les llaman, lo que hacen es arriesgar un capital para generar un producto —las viviendas—, que tienen un costo y, como cualquier negocio, también una utilidad. Gran parte de esta utilidad se reinvierte en el negocio, en la compra de materia prima y, en general, en fortalecer la cadena de valor de la que hablamos anteriormente, generando empleos. De hecho, la industria de la construcción en general, y de la vivienda en particular, es de los sectores que más empleos generan, tanto directos como indirectos.
Por todo lo anterior, golpea fuertemente al sector el hecho de que haya una sobrerregulación. Ésta afecta sobre todo a las empresas “bien establecidas”, a las formales, en su mayoría afiliadas a la CANADEVI. Estas empresas tienen que hacer una excesiva cantidad de trámites, gestiones y pago de derechos, que se ven reflejados en costos directos, tiempos y costos financieros innecesarios que impactan cada vez más al valor final de las viviendas.
Otro intangible que encarece el precio de la vivienda es, como se mencionó anteriormente, el hecho de que las dependencias transfieren la obligación a los desarrolladores de tener que construir infraestructura primaria o “cabecera,” que realmente le corresponde a la inversión pública. Esto último se ha dado cada vez más, ya sea con modificaciones normativas “a conveniencia” ignorando generalmente los derechos constitucionales o, incluso, sin sustento normativo y a criterio de cada administración. Esto se da aprovechando que, aunque se pudiera entablar un proceso de defensa por la vía jurídica que sería favorable, no es viable para las empresas, pues tendrían que suspender sus actividades durante un largo proceso judicial poniendo en riesgo su propia existencia. Por esta razón se tiene que aceptar y asumir esta infraestructura adicional que debería de corresponderle a la autoridad, como redes primarias de alimentación, plantas de tratamiento, superficies territoriales para áreas verdes, equipamiento, seguridad, etc.–, que aumentan los costos y encarecen cada vez más la vivienda.
Además, los procesos complicados y largos en los trámites de terminación, recepción, contratación de servicios etc., con infinidad de dependencias públicas, son costos financieros que también se trasladan al valor final de la vivienda. Aun teniendo al cliente, se puede llevar meses el poder cerrar la operación por la gran cantidad de trámites y permisos.
Estos son aspectos indirectos, intangibles, que encarecen mucho el precio final de la vivienda, y del que poco o nada se habla.
Las instituciones públicas encargadas de la infraestructura, el equipamiento y el espacio público que requiere la vivienda argumentan, no sin razón, la “falta de recursos”. Para resolver lo anterior, se les ha vuelto “fácil” crear o modificar leyes, normas y trámites para obligar al ciudadano a cubrir gastos e inversiones que no le corresponden.
