¿Es viable su alcance frente al boom de lotes de inversión en Yucatán?
Actualmente, es común que cualquier habitante de Mérida reconozca cambios en su estilo de vida. Haciendo una retrospectiva a diez años, podemos identificar cambios significativos en la dinámica citadina: el tráfico, la intermitencia de servicios básicos, la aglomeración de población, el fenómeno de la gentrificación e, incluso, la apertura de un gran número de comercios en espacios más próximos a las zonas habitacionales.
En ese sentido, no resulta del todo equivocado que los cambios se pudieran atribuir al aumento significativo de personas que llegan de otras ciudades o países, quienes migran a la metrópoli yucateca con la esperanza de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, para quienes hemos vivido los últimos diez años en esta ciudad, dicha promesa no escrita dista mucho de cumplirse en su totalidad.
La falacia de los lotes de inversión
Transitando el periférico, oyendo la radio o en las redes sociales, es común escuchar sobre las oportunidades fantásticas de invertir en un lote en Yucatán, con la afirmativa de que el adquirente vivirá dentro de la capital, gozando de todos los beneficios que ello implica.
Además de ser una terrible falacia o táctica de mercadotecnia fraudulenta, es claro que muchos inversores no contemplan que, un lote de inversión, no siempre se trata de un terreno a pie de las principales avenidas de nuestra ciudad, o que cuente con un plan a corto plazo para dotarles de servicios primarios, como son la luz, el agua, o la pavimentación de calles.
Esta condición resulta lamentable, puesto que atento a que desde el siglo pasado las directrices y compromisos internacionales buscaban a nivel global lograr el desarrollo sostenible de toda comunidad, nuestro país ya venía enderezando el timón con políticas públicas y normativas que frenarían la expansión de la mancha urbana. Ejemplo de esto puede constatarse en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, planeación de la anterior administración federal por la que se cambiaba la idea de una expansión horizontal de las urbes, optando por un crecimiento sostenible de manera vertical. Si trasladamos esta política pública a un recuerdo, podríamos identificar esta idea con la construcción de grandes edificios en nuestra ciudad durante ese sexenio. Fue así que el edificio frente a la estatua de Gonzalo Guerrero, sobre Prolongación Montejo, dejaría de ser el edificio más alto de nuestra ciudad para dar paso a otras edificaciones con mayor altura, como son las disruptivas Country Towers al norte de Mérida.
El impacto ambiental del crecimiento de la mancha urbana
El lector posiblemente asumiría que, el tener a más personas dentro del cordón de la principal vialidad de nuestra ciudad, no garantizaría que se tuviera la misma calidad de vida. Sin embargo, recordemos que la península es uno de los últimos pulmones verdes que tiene nuestro país, y el daño ambiental que el crecimiento de la mancha urbana hace a las zonas verdes y los recursos naturales del estado, pueden comprometer el futuro de los que vivimos aquí y hacer inhabitable muchas zonas de nuestra entidad.
Si bien hace 10 años se sabía que no era recomendable beber el agua potable de la ciudad ni de sus zonas aledañas, hoy a simple vista se nota que la calidad del agua es deplorable en muchas zonas, ya sea por su color o por su olor. La propia Comisión Nacional de Agua en su Sistema Nacional de Información del 2021, manifiesta que Yucatán era el segundo lugar del país con peor calidad de agua (Por Esto, 2022).
Esta condición debe ser tomada como una responsabilidad compartida, tanto de la población como de los gobiernos locales, pasados y presentes. Y es que el problema del agua en nuestra entidad no solo responde a la falta de un drenaje viable que capte aguas residuales sin contaminar mantos freáticos, sino también por la falta de un marco regulatorio eficaz, y la implementación del mismo, en ánimos de prevenir, eliminar y multar de forma ejemplar las tomas de aguas clandestinas o la contaminación de los recursos hídricos.
«El problema del agua en nuestra entidad no solo responde a la falta de un drenaje viable que capte aguas residuales sin contaminar mantos freáticos, sino también por la falta de un marco regulatorio eficaz».
El agua: un derecho que debe de ser protegido
El derecho humano al agua es una prerrogativa consagrada en el sexto párrafo del artículo cuarto de la Constitución; pero también es importante comprender que el acceso debe ser universal, asequible y equitativo. La condición de permitir una explosión demográfica sin una correcta planeación y sin un marco regulatorio adecuado, no solo compromete el acceso al agua potable de los nuevos pobladores, sino que también afecta a poblaciones que ya radicaban en esas zonas.
Los gobiernos locales deben velar porque el agua no se vuelva un lujo para la población, ni permitir la injusticia de que sólo algunos paguen su consumo. Antes bien, deberían implementar sanciones ejemplares a quienes aprovechan la privacidad de sus hogares para beneficiarse de tomas no reguladas ni monitoreadas.
El discurso de ser la entidad más segura, el de contar con abundancia de recursos hídricos, o el de tener una óptima calidad de aire, no garantizará la calidad de vida de nadie si no se toman las medidas normativas y gubernamentales adecuadas. Si se sigue fomentando un crecimiento indiscriminado de la mancha urbana, el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas sobre el tener ciudades sustentables jamás se hará realidad.
Conclusiones
No considero que las condiciones actuales garanticen esa calidad de vida que motiva al comprador a adquirir un terreno de inversión.
Valdría pues cuestionarse si se debe apostar por invertir en un desarrollo colectivo sostenible bien regulado, o en una ampliación indiscriminada de la mancha urbana que, sin planeación, nos llevará a la lucha por la sobrevivencia individual.
Además de ser una terrible falacia o táctica de mercadotecnia fraudulenta, es claro que muchos inversores no contemplan que, un lote de inversión, no siempre se trata de un terreno a pie de las principales avenidas de nuestra ciudad, o que cuente con un plan a corto plazo para dotarles de servicios primarios, como son la luz, el agua, o la pavimentación de calles.
Fuentes:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4. Promulgada el 5 de febrero de 1917, México.
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, (2019). “El agua en la Constitución”. Blog del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Recuperado de:
Investigación Por Esto (2022), “Yucatán, segunda entidad con la peor calidad de agua en México: Conagua”, Por Esto, nota de fecha lunes 24 de enero de 2022. Recuperado de:
PNUD (nd) “Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles” Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Página del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Consultado el 20 de enero de 2023. Recuperado de:
