Visión, noción y dimensión de la Movilidad Urbana

La movilidad urbana es uno de los mayores retos que enfrentan las ciudades y zonas metropolitanas, de ahí que los convenios y tratados internacionales, la legislación nacional, así como las investigaciones de diferentes organismos, asociaciones, colectivos y academia, han trabajado cuidadosamente para establecer con claridad su visión. Este tema ha logrado permear en la percepción de quienes habitan las urbes, lo que ha creado una noción colectiva sobre los múltiples desafíos que representa la coexistencia de los diferentes modos de transporte, la falta de infraestructura sustentable y la rectoría solvente de lo que sucede en las calles. En este contexto, la dimensión de este reto que ahora es grande, y se acrecentará conforme siga pasando el tiempo, se evidencia en lo que ocurre de manera cotidiana afuera, en cada trayecto a nuestras actividades diarias, poniendo de manifiesto la urgencia de medidas inaplazables. 

Cuando hablamos de visión en materia de movilidad urbana es referencia obligada la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establecen un enfoque transformador hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados suscritos. A su vez, son guía de referencia para el trabajo de la institución en pos de esta visión durante sus siguientes 15 años a partir de su aprobación. Su objetivo 11: “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” se refiere a la necesidad de contar con sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, esto dentro del marco de una perspectiva transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. (1)

Por su parte, la Nueva Agenda Urbana aprobada en el marco del Hábitat III, celebrada en Quito en octubre de 2016, representa un ideal común para lograr un futuro mejor y más sostenible, en el que la comunidad internacional reconsidere los sistemas metropolitanos y la forma física de nuestros espacios urbanos como un medio para lograrlo, por lo que se establece una visión a futuro en la que sea posible adoptar medidas para mejorar la seguridad vial; integrándola en la planificación y el diseño de infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte, así como trabajando para adoptar, aplicar y ejecutar políticas y medidas dirigidas a proteger y promover activamente la seguridad peatonal y la movilidad en bicicleta. (2)

En lo que respecta a la legislación, deberíamos destacar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como la Ley General de Cambio Climático. La primera con una visión, en términos del ordenamiento territorial, a veinte años y enfatizando conceptos de accesibilidad universal, medios de transporte y priorizando la movilidad peatonal y no motorizada. La segunda con el enfoque de diseñar e implementar sistemas integrales de transporte público y programas de movilidad sustentables en las zonas urbanas o conurbadas, para disminuir los tiempos de traslado, el uso de automóviles particulares, los costos de transporte, el consumo energético, la incidencia de enfermedades respiratorias y aumentar la competitividad de la economía regional. (3)

En el ámbito local, el Plan Estatal de Desarrollo 2018 – 2024 define su perspectiva de “ciudades y comunidades sostenibles” en hacer de Yucatán el estado referente en materia de desarrollo sostenible urbano y de sus comunidades, con énfasis en los aspectos de crecimiento metropolitano y ordenamiento territorial; generando infraestructuras modernas, alcanzables e incluyentes para la población, reconociendo que el aumento desmedido de la mancha urbana provoca una baja densidad poblacional, limitando el acceso a la movilidad en sus vías de comunicación y la insuficiencia del transporte público. Hay que destacar que este instrumento recoge los resultados del “Índice de las CPI elaborado por ONU-Hábitat”, que en la dimensión de movilidad urbana señala las dificultades de accesibilidad y movilidad al no contar con un sistema de transporte público diseñado para aglomeraciones urbanas de más de un millón de habitantes. (4)

En la esfera municipal, el Plan de Desarrollo Urbano de Mérida, el Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021 de Mérida y los diversos reglamentos de la ciudad, se refieren en lo general a la visión de lograr una ciudad creativa, inclusiva e innovadora, que sea referente en materia de desarrollo sustentable en los aspectos económicos, urbanos, culturales, sociales y de movilidad. Es decir, podríamos concluir que, en lo que se refiere a la visión en materia de movilidad urbana, se está lo suficientemente documentada y fundamentada. 

Por otra parte, en lo que respecta a la noción de este reto, son innumerables las anécdotas de quienes recorremos todos los días las calles y contamos con experiencias propias que están generalmente relacionadas con el incremento en el tráfico por vehículos privados o por un servicio de transporte público insuficiente, sin infraestructura apropiada para ciclistas y peatones, por citar algunos. Asimismo, cuando hablamos de alternativas de solución, muchos coincidimos en elementos esenciales y que parecieran suficientemente obvios, pero que llevarlos a la práctica ha resultado mucho más complejo. Claramente no hemos logrado dar el salto a un cambio de paradigma en lo que respecta a la dependencia del automóvil.

Ciertamente la mayoría de las veces en que como sociedad nos enfrentamos a algún cambio que nos obliga a hacer ajustes en nuestros hábitos, el primer análisis es identificar como me afecta en primera persona, cuando la naturaleza de la medida debería responder a un impacto en la colectividad. Basta recordar lo que implicó en su momento la prohibición de fumar en sitios cerrados o edificios públicos, algo similar con la prohibición gradual de los “popotes” o en general con los “plásticos de un solo uso”. Todos fueron en su momento temas
controversiales, pero que terminaron por marcar un antes y un después, un cambio de paradigma, al grado de inhibir, en ambos casos, su recurrencia ante el temor del señalamiento de una sociedad más informada de las consecuencias que esto representa.

¿Nuestra ciudad y su zona metropolitana están preparadas para la implementación de medidas que permitan una mejor coexistencia de los diferentes modos de transporte, y con ello transitar a una movilidad urbana sustentable? Seguramente muchos coincidiríamos en que la respuesta es un “sí” y que incluso demanda una atención inmediata. Sin embargo, pese a haberse consolidado el discurso y asumiendo que los requerimientos técnicos y económicos son cuestión de determinar prioridades y realizar las gestiones necesarias, serían otros efectos colaterales los que parecieran continuar inhibiendo su instauración.

Las experiencias documentadas principalmente de países europeos y algunos pocos de nuestro continente, dan muestra de la pertinencia del cambio de paradigma sobre la dependencia del vehículo privado. En miles de páginas de internet y redes sociales se muestran insistentemente casos que dan testimonio de la implementación exitosa de calles con criterios incluyentes que privilegian los modos no motorizados y que ponen en primer plano a las personas sobre el automóvil, sin embargo poco se habla del reto que pudo haber significado su ejecución; por ejemplo, del proyecto de transporte público TransMilenio en Colombia, la prohibición de vehículos con motores a combustible fósil en países de Europa y Asia (Austria pretende que sea en 2020; Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Eslovenia e Irlanda en 2030, mientras que Francia y Reino Unido para el 2040). Éstas son medidas que contaron con la determinación de autoridades en contextos particulares que asumieron su posición en la historia; desde luego que se dimensionaron de manera exhaustiva con la previsión de más y mejor oferta de movilidad como: infraestructura peatonal y ciclista, transporte público eficiente, gestión del automóvil privado, seguridad vial, etc. Lo cierto es que nos encontramos en la coyuntura propicia para lograr con éxito una movilidad incluyente y poner un freno a los efectos negativos en la dependencia del automóvil, como son la obesidad, contaminación, inseguridad, improductividad, etc.

Un dato: la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada en julio pasado, evidencia que el segundo lugar en el que se percibe inseguridad es en el “transporte público”, sólo por debajo de los “cajeros automáticos”. Y en la cuarta posición de inseguridad están las “calles que habitualmente usamos”; elementos que revalidan la importancia de colocar el tema como una prioridad.

Son muchas las propuestas de cómo enfrentar este reto, todo producto del interés genuino en encontrar una solución. En este sentido, una variable que ha sido frecuente es la creación de una institución del espacio público con alcances en materia de movilidad no motorizada y del transporte público (incluyendo concesiones y paraderos seguros), infraestructura vial integral e incluyente, señalización y semaforización; pero también planeación, gestión e implementación en proyectos que permitan fortalecer el uso de la bicicleta, acciones de calles completas, banquetas acordes a las necesidades de los usuarios, sistema de ciclo vías, regulación de velocidades, carga vehicular, etc.

Probablemente sea la falta de una Ley de Movilidad que provea de criterios específicos, que asigne atribuciones directas para la aplicación de medidas orientadas a la movilidad urbana sustentable y que recoja la visión de los convenios y tratados internacionales, así como de la legislación nacional; lo que esté siendo insuficiente para que la discusión evolucione y se de paso a la acción, otorgando a las autoridades locales facultades para vigilar, regular, aplicar y sancionar las intervenciones en nuestras calles, bajo principios de habitabilidad y sustentabilidad. La consolidación de este instrumento favorecería la alineación de las políticas públicas y el ejercicio de los recursos bajo un mismo criterio para un futuro cada vez más sostenible en nuestras ciudades.

La participación de la comunidad es un elemento fundamental en cualquier acción que tenga pretensiones de transformación. Lo que implícitamente se reconoce, en este caso particular, es que los verdaderos expertos de las calles son quienes las recorren a diario para ir a la escuela, el trabajo, el centro de salud, etc.; por lo que pretender analizar su uso sin la colaboración de sus usuarios es inaceptable. Bajo esta lógica sería muy enriquecedor conocer tú opinión acerca de: ¿qué acción de la autoridad calificarías como realmente transformadora en la movilidad urbana de la ciudad?

*Portada: Desde el Balcón. Fotos: Nayeli González Muñoz.

Referencias
(1) https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/
(2) habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf
(3) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgahotdu.htm y http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcc.htm
(4) http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=ped