De la retórica gubernamental a la estrategia jurídica de la planeación urbana

El tema de la reforestación ha ocupado posiciones privilegiadas en los discursos políticos en el sentido de que en periodos de campaña, sostener un posicionamiento a partir de la defensa ambiental es bien visto, y por tanto, bien capitalizado. No obstante, la administración municipal y estatal deben de tener una visión más amplia sobre la compleja situación que se vive en los ambientes metropolitanos que se urbanizan y expanden con rapidez.

La ciudad de Mérida ha experimentado un proceso de expansión urbana notable en las últimas dos décadas, y esto nos lleva a dos temas prioritarios y vinculantes con la reforestación: primero, los instrumentos jurídicos que sostienen los procesos de urbanización en la periferia, y segundo, el modelo de movilidad que deriva directamente de la estructura urbana que emerge como consecuencia de las acciones de urbanización. En ningún momento el crecimiento de la mancha urbana de Mérida ha estado vinculado con la planeación de una estructura vial que garantice formas eficientes de movilidad. Tampoco se ha calculado la distribución estratégica de las áreas verdes como parte de los equipamientos públicos que la ciudad le debe procurar a los meridanos. Entonces nos encontramos ante la gran disyuntiva de las campañas de reforestación, debido a que éstas por ser acciones del gobierno, se realizan en los siguientes espacios públicos: camellones y parques.

Por tanto, las faraónicas estrategias de reforestación que pueda realizar el gobierno, como la Cruzada Forestal 2019 para plantar 10 mil árboles en Mérida durante el mes de junio del presente año, y que durante la administración municipal se espera llegar a la meta de 100 mil árboles, tienen que realizarse en el espacio público. Asimismo, el gobierno estatal contribuirá con otros 100 mil árboles a lo largo de su sexenio. De manera que, conforme a datos gubernamentales, 200 mil árboles en 6 años representarán haber cubierto 251 hectáreas. Cabe destacar que esta iniciativa se enmarca en la Declaración por Mérida 2050.

Pero ¿qué representan 251 hectáreas arboladas? Podemos hacer el comparativo de sumar el polígono de Altabrisa junto con el Cabo Norte y estaremos un poco por encima de la cifra, dándonos una idea aproximada del área que representa. Sin embargo, estas 251 hectáreas están dispersas por el municipio, y precisamente por la composición urbana de la ciudad, las áreas susceptibles a ser reforestadas, por tener camellones amplios y áreas verdes públicas, predominan al interior del anillo periférico. Por ello, sería interesante contar con un mapa estratégico de la reforestación que se vincule con otras variables.

Primero que nada, sería prioritario que la estrategia de reforestación rumbo a los compromisos para Mérida 2050, nos ofrezca datos contundentes y científicos para demostrar qué es lo que se logrará con estas acciones de 200mil árboles plantados en 6 años, con base a los siguientes aspectos:

1. ¿Cuál es la expectativa de vida de estos árboles?, en otros términos, para el 2050: ¿cuántos árboles frondosos y saludables tendremos de más?

2. ¿Cuál es la relación entre 200 mil árboles sembrados en 6 años y la mitigación de emisiones de CO2 que generan los autos? Es decir, ¿sería el equivalente a cuántos vehículos fuera de circulación?

3. ¿Cómo aumenta el parque vehicular anualmente y cuántos árboles deberíamos de tener para mitigar las emisiones de CO2 para el 2050? O, ¿de cuántas hectáreas de área pública requeriremos para reforestar?

4. ¿Qué estrategias hay para reducir paulatinamente el incremento del parque vehicular para el 2050?

5. ¿Cuál es marco jurídico que soporta el modelo de ciudad articulado con la movilidad urbana y la reforestación?

Estos aspectos deberían de analizarse de forma transversal porque tenemos los siguientes instrumentos jurídicos que actúan de forma independiente:

En virtud de lo anterior, el desafío de las campañas de reforestación en Mérida debería de comprenderse desde los mismos instrumentos jurídicos de planeación territorial y regulación urbana, toda vez que ellos mismos determinan la estructura vial y los espacios públicos sobre los cuales la autoridad, tanto municipal como estatal, pueden destinar para reforestar. Así, tenemos que en la última década hemos contado con tres Programas de Desarrollo Urbano adyacentes con normativas que regulan la incorporación de nuevos desarrollos inmobiliarios junto con el crecimiento urbano; y en los últimos tres años surge el tema de la protección al arbolado urbano. Lo cual es relevante porque ya no solamente está en la retórica gubernamental, sino que además está en la agenda jurídica.

Sin embargo, aún faltan dos temas fundamentales: la planeación de la ciudad desde una perspectiva integral, en donde las áreas para reforestar no sean áreas residuales que fueron quedando a lo largo de los años, sino zonas estratégicas de amortiguamiento ambiental. Y a su vez, establecer acciones precisas en torno a la movilidad sustentable y a la reducción del parque vehicular para capitalizar al máximo los beneficios ambientales de la reforestación. De lo contrario, ¿hacia dónde vamos con las campañas de reforestación en Mérida?

 

*Portada: Yucatán a la Mano

 

 

Yolanda Fernández Martínez

Yolanda Fernández Martínez

Doctora en Arquitectura, investigadora y docente en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Directora de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Mérida del 2010 al 2012. Directora del programa de radio «Habitar y +», acerca de temáticas relevantes en arquitectura y vivienda de Mérida, así como del resto del mundo.

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